Parece que Bolivia está destinada a sobrevivir con el peor sistema judicial de la región y padecer las peores injusticias en su anhelo por preservar la democracia, defender los derechos de la gente y proteger el patrimonio de los ciudadanos. No pudo lograr su cometido la gestión por lograr un millón y medio de firmas como parte de la iniciativa ciudadana destinada a que, mediante un referendo, se modifique parcialmente la Constitución Política del Estado para establecer una nueva forma de elegir a los altos magistrados del país. Regirán las normas vigentes con las que se llevó a la justicia al desprestigio, la venalidad y el sometimiento al poder político. La iniciativa buscaba que mediante procedimientos constitucionales se creen las bases legales para una reforma de la justicia, reglamentando la preselección de postulantes a magistrados. Mediante la reforma se buscaba que los más altos jueces del país sean seleccionados sobre sus méritos profesionales y sus valores éticos, evitando su dependencia política. También se planteaba un mayor presupuesto para la administración judicial, así como lograr la revalorización de la justicia indígena.
Portavoces de los juristas independientes que llevaron adelante la iniciativa, explicaron que se logró 833 mil 115 firmas, aunque había otras más que no pasaron el proceso de depuración. Destacaron haber logrado más de 800 mil firmas, pese al temor y amedrentamiento, además de las precarias condiciones del trabajo voluntario. Denunciaron que se realizó la recolección de firmas en medio de dificultades que pusieron los cuatro órganos del Estado, en particular el Tribunal Electoral, al cual acusó de una burocracia dilatoria e imponer el requisito «imposible» de transcribir todas las partidas.
Ahora el gobierno tiene el camino despejado para repetir las elecciones judiciales en mismas condiciones de los dos anteriores escándalos, por los que la población votó mayoritariamente en blanco, o se abstuvo, pese a lo cual se reconoció el resultado vergonzoso, entregando la responsabilidad de manejar la justicia a los candidatos despreciados por el voto. Como un recurso extremo, los gestores de la iniciativa ciudadana para el cambio judicial, sugirieron que el poder político active la reforma judicial mediante una ley, que debería ser aprobada en la Asamblea Legislativa, posibilidad que en las actuales circunstancias es casi imposible debido a la correlación de fuerzas.
De esta manera, el principal problema nacional, del que derivan varios otros problemas trascendentales, quedó en lo mismo, pese al consenso de la necesidad de cambio radical en el sistema judicial, para preservar el desarrollo de las actividades cotidianas, así como para garantizar la seguridad ciudadana y el respeto al ordenamiento legal. La necesidad de la reforma no solamente es una demanda nacional sino una recomendación de los organismos internacionales. Recordemos que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), emitido en agosto de 2021, identificó que, pese al desarrollo normativo en la materia, persiste una falta de independencia de la administración de justicia como problema estructural en Bolivia. Ese organismo observó que magistrados y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones. También se han pronunciado sobre la necesidad de la reforma judicial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, la OEA, la Unión Europea, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Este organismo de defensa de los Derechos Humanos, considera que el sistema judicial de Bolivia sufre los efectos de la interferencia política desde hace años. Incluye en sus observaciones al gobierno interino de Jeanine Áñez (noviembre de 2019 a noviembre de 2020), que promovió procesos judiciales en base a cargos infundados contra opositores políticos. Del mismo modo, el gobierno de Luis Arce (noviembre de 2020 a la fecha) apoya acusaciones desproporcionadas de terrorismo y genocidio contra políticos de la oposición, entre ellos a la expresidenta Áñez, sin la evidencia necesaria. Además, recuerda que en febrero de 2021 se otorgó una amnistía por delitos vinculados con la crisis política que atravesó el país en 2019, la cual parecía estar diseñada para favorecer a sus simpatizantes. En respuesta al informe que emitió el grupo de expertos internacionales, el presidente Arce prometió reformar el sistema de justicia, inclusive el ministro de Justicia anunció la reforma deplorando la corrupción en el sistema actual, pero al poco tiempo se cambió de opinión y dijo que la reforma podía esperar.