Uno de los temas que debiera ser columna vertebral de las propuestas electorales es la situación del sistema judicial, que, si bien está mencionado en la agenda de los candidatos, no parece ser prioridad, pese a la lacerante situación de corrupción, retardación, transgresiones legales, conformación de consorcios de jueces, fiscales y abogados, además de una serie de irregularidades que se acumulan todos los días y que ya ha colmado la paciencia a todos. Ya nadie confía en la justicia y quienes tienen la desgracia de apelar a los tribunales inmediatamente se convierten en víctimas.
El sistema no funciona y hasta ahora no se ha comprendido esa realidad. Se pretende aumentar las penalidades, reformar códigos, modificar leyes y alterar los mecanismos administrativos, cuando el problema es más profundo y merece una reforma integral y un cambio radical. No hay día que no se informe de las arbitrariedades, abusos y excesos. La última extravagancia, aunque no es tan perversa como las extorsiones y coacciones, motivó protestas tanto de la oposición como del oficialismo. Resulta que se fueron a China por lo menos 17 magistrados, jueces y altas autoridades del sistema judicial. Entre ellos tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuatro vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, y una decena de juristas del Órgano Judicial para asistir a seminarios bilaterales auspiciados por China. Los funcionarios judiciales están en el país asiático desde el 16 de septiembre y retornarán en la primera semana de octubre.
El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, deploró el hecho y dijo que se efectuará una petición de informe oral. No descartó que se constituya en parte para iniciar un proceso administrativo. «No los hemos elegido para viajar, para hacer turismo, los hemos elegido para administrar justicia y en este caso, la justicia constitucional tiene las acciones de habeas corpus, las acciones de libertad, las acciones de amparo constitucional, que son realmente permanentes», advirtió el parlamentario.
Mientras tanto, el sistema judicial se encuentra en la mira por las recurrentes irregularidades. El pleno del Consejo de la Magistratura (CM) fue denunciado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por el delito de incumplimiento de deberes, por su presunta vinculación a hechos de corrupción y repartija de cargos en el Órgano Judicial. Está en curso una denuncia de la diputada Lourdes Millares que pretende un proceso de «juicio de responsabilidades» contra el consejero Omar Michel, por estar involucrado en el presunto favorecimiento en un caso de feminicidio, en el que se sustenta también acusación en contra del presidente del CM, Gonzalo Alcón Aliaga, además de la consejera de la Magistratura Dolka Vanessa Gómez Espada.
Asimismo, la diputada Millares planteó la necesidad de una auditoría al proceso de selección y designación de jueces, vocales ordinarios y constitucionales, además de funcionarios, que según un audio que se reveló el mes pasado, se hicieron por cuoteo, sin tomar en cuenta la hoja de vida. El pasado mes se filtraron varios audios, en los que presuntamente se escucha a Juan Michel (hermano del decano del Consejo de la Magistratura Omar Michel), conversando con varias personas y les revela la repartija de cargos que hay en el Consejo de la Magistratura (CM) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La pila de denuncias, procesos y acciones contra miembros del sistema judicial, Ministerio Público y la Policía crece a diario, pero la impunidad casi siempre gana y los casos quedan en nada. Uno de los últimos hechos es la decisión de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, que determinó cesar de sus funciones al titular de la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) del Órgano Judicial, vinculado a supuestos hechos de corrupción. Actualmente el funcionario se encuentra detenido preventivamente en la cárcel San Roque de Sucre desde el pasado sábado. Los mecanismos y el mismo sistema judicial boliviano son realmente inclasificables, «sui generis», fuera de lo común, y permiten que la arbitrariedad, y las transgresiones legales sean vistas casi como normales. Por ello se atropella la Constitución Política del Estado y los jueces del Tribunal Constitucional avalan la infracción, cuando su función es esencial es defender la norma.