La problemática de la coca en nuestro país se ha visto siempre relacionada a la política, inclusive ha sido base para la formación de un instrumento político que ha logrado alcanzar el poder. Al mismo tiempo, ha incubado el germen del conflicto permanente, desde la lucha por el cato de coca, la eliminación de cultivos excedentarios y hasta el pago a los productores por erradicar su coca. Las ideas para reducir los cultivos han fracasado y han derivado en una tolerancia pactada con límites en lo ilícito y atizando la violencia. Ha ocurrido en Bolivia como también en Perú y especialmente en Colombia, donde la violencia rebasó toda consideración, dejando una huella de dolor y muerte, así como cicatrices imborrables en la sociedad.
En estos momentos en Bolivia hay un conflicto cocalero que está derivando en una creciente violencia azuzada por la irresponsabilidad tanto de los productores de coca de los Yungas, como del Gobierno, y tampoco son ajenos al conflicto las directivas del Chapare. Se está dando paso a que el conflicto crezca con actitudes incomprensibles, como el apoyo del gobierno al funcionamiento ilegal de un mercado de la coca paralelo, que es el origen principal del problema. Lo peor es que se está llegando a acciones violentas, primero por la represión policial contra los miembros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), que defienden la legalidad, mientras las autoridades protegen y apoyan los excesos y actividades marginales de un grupo organizado para tomar la agrupación del gremio de cocaleros. Ya anteriormente fue apresado ilegalmente uno de los ex máximos dirigentes de Adepcoca, al que se le siguieron varios procesos judiciales, hasta que tuvo que alejarse de la agrupación. Ahora los nuevos dirigentes son acosados porque mantienen su posición y piden una solución que respete la ley de la coca.
El máximo dirigente actual de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) Freddy Machicado fue aprehendido y llevado a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Los cocaleros amenazaron con masificar las protestas si no se lo libera. Machicado es acusado en una treintena procesos. Además se supo que el ministerio público actúa diligentemente contra por lo menos 15 dirigentes de este sector a los que se los acusa de diversos delitos que van desde perpetrar lesiones gravísimas, hasta secuestro, robo agravado, tráfico de armas, y varios otros delitos. Adepcoca entregó al Gobierno un pliego de peticiones para que se llegue a una solución, pero el Gobierno no respondió. En ese escenario, la violencia ganó terreno y la gente de Adepcoca tomó el mercado ilegal ocasionando daños, y derivando en acciones ilegales que ahora son seguidas por las autoridades para establecer responsabilidades, y se anticipó la intervención de la justicia, que ya el pueblo boliviano sabe cómo actúa.
Mientras tanto el Gobierno descartó la posibilidad de dialogo, a su vez, el dirigente del grupo cocalero oficialista, Arnold Alanes convocó a una «gran marcha» para el próximo lunes 19 de septiembre, con el objetivo es presionar al Gobierno para que legalice el mercado paralelo que crearon con apoyo de las autoridades. Mediante un comunicado, ese grupo afín al MAS anunció que se instalará una «vigilia permanente hasta lograr la resolución ministerial autorizando la apertura legal de nuestro mercado». Para ello, al parecer lograron el apoyo de representantes del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay), y de la Confederación única Nacional de Comercializadores al Detalle de la Hoja de Coca (Conalpro). Para nadie es un secreto cual es la forma de lograr apoyos de los dirigentes como parte del accionar del MAS.
Pero es necesario señalar que la violencia en la que derivó el conflicto cocalero, en nada ayuda a una solución. Todo lo contrario, el apoyo que en determinado momento expresaron los vecinos del mercado de la coca hacia los movilizados, puede cambiar. El apoyo de otros sectores a los ilegales no debe sorprender a nadie, y servirá de argumento para que el gobierno actúe en contra de los dirigentes de Adepcoca, que equivocaron el camino con los excesos que cometieron, que pueden derivar en reacciones contrarias de propios y extraños. En lugar de apoyar su demanda, la violencia ocasionará todo lo contrario. Es decir que en lugar de lograr que se respete el mercado legal, puede precipitar la consolidación del mercado paralelo y el debilitamiento de las demandas del grupo orgánico. Toda la lucha por reivindicar sus demandas puede quedar en nada. Ha sido un craso error haber quemado y tomado por la fuerza los predios del mercado ilegal. Se dio argumentos al gobierno para copar el mercado cocalero de los Yungas, pese a haberse descubierto “infiltraciones” para atizar la violencia. Ahora, la solución del conflicto está más lejana, acentuando la confrontación.