El contrabando es uno de los varios males con los que convive el país, como consecuencia de una tolerancia dañina de las autoridades, que perjudica a la economía, fomenta la informalidad, impide el crecimiento de la industria y el comercio legalmente establecidos; acaba con fuentes de trabajo que respetan las normas nacionales, y además, impide que el fisco obtenga mayores ingresos debido a la evasión impositiva. La condescendencia con el producto del contrabando llega a extremos en los que se permite que algunos pueblos fronterizos se conviertan en espacios sin ley donde se cobija esta ilícita actividad, o permite el surgimiento de una especie de sindicato de propietarios de automotores «chutos» (indocumentados), que exigen la legalización de sus vehículos.
Estas actividades se suman a los tradicionales «mercados negros» que existen en todas las ciudades del país donde se vende sin factura desde ropa, chucherías, enseres y hasta electrodomésticos, o los camiones que en El Alto de La Paz venden al por mayor o detalle aceites, detergentes, cosméticos, papel higiénico, papa, paltas uva, duraznos y otros que llegan de Perú y Chile, y gran parte de esos artículos son internados ilegalmente. Inclusive apareció una «feria del contrabando» en Cochabamba, que fue intervenida por autoridades nacionales y locales.
El viceministro de Lucha contra el Contrabando, Pedro Vargas, dijo que el operativo fue coordinado con varias entidades como la Intendencia Municipal, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud (Agemed), representantes de la Cámara de la Industria, el Viceministerio de Defensa del Consumidor, personal de las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, la Aduana Nacional, el Ministerio Público. La feria del contrabando opera desde hace meses. Los contrabandistas utilizan camionetas para distribuir la mercadería y se trasladan de un lugar a otro y hacen conocer su paradero a los clientes mediante las redes sociales.
En esta misma línea, la tecnología se ha convertido en una herramienta altamente utilizada por los contrabandistas para ofertar y vender sus productos mediante avisos por Internet. Abundan los anuncios de automóviles de los modelos más recientes a precios ilógicos entre cuatro mil y seis mil dólares con la advertencia SN (sin papeles). Los vehículos más antiguos tienen valores menores. Los Avisos dan hasta direcciones, teléfonos o correos electrónicos para que los interesados se comuniquen. Las artimañas de los contrabandistas son muchas y van desde la violencia armada hasta el uso de los recovecos legales, pasando por la protección y la impunidad.
Nunca el brazo de la ley ha podido frenar el contrabando y los operativos que se realizan siempre han derivado en problemas, en excesos y han sembrado más dudas que certezas sobre su eficacia. Se han dado casos de efectivos militares asignados a la lucha contra el contrabando que pasaron el límite fronterizo del territorio nacional, supuestamente persiguiendo a contrabandistas y terminaron presos en territorio chileno, y algunas veces acusados de robo. En otras ocasiones han quemado camiones de contrabandistas, se han enfrentado a caravanas ilegales y seguramente muchas veces lograron frenar el paso de camiones con mercadería ilegal. Pero también se han dado excesos que han derivado en muertes. Precisamente la justicia procesa un confuso caso en el que murió una persona luego de una balacera, supuestamente en un operativo aduanero realizado en Santa Cruz. Se trata de un incidente que merece una investigación, porque han intervenido militares y otras personas, supuestamente autoridades, sin la presencia de un fiscal.
Dos de los tres militares acusados de provocar la muerte de un estibador durante ese operativo de la Aduana en la zona del Cambódomo, fueron enviados de manera preventiva al penal de Palmasola. Los uniformados fueron imputados por el delito de homicidio. El abogado de la familia de la víctima, considera que los tres militares son responsables de la muerte del estibador. «Fue premeditado, con intensión de extorsionar» sostuvo el abogado. Se trata de un confuso hecho en el que no encajan las versiones de unos y otros. Un operativo aduanero con participación militar no puede realizarse sin información fidedigna, y menos hacia un camión vacío, como sostienen los estibadores. Lo que pasa es que la legislación nacional para la lucha contra el contrabando es deficiente y deja a las autoridades, muchas veces, sin capacidad de actuación. Ya son varios los militares que se han visto en problemas legales por actuar contra los contrabandistas, mientras los grupos ilegales han disparado contra los efectivos asignados a estas tareas.