La ética, entre otras acepciones, se entiende como conducta apropiada, honestidad, respeto por la verdad, y cuidado porque los actos que cada persona realice tomen en consideración las consecuencias para sí mismo y para los demás. Implica respeto a la Ley, a lo ajeno y al cumplimiento del deber. Lamentablemente, para algunos políticos, la palabra ética parece tener otro sentido, como «pretexto», «justificación de los errores», «olvido de la corrupción», «impunidad» y una manera fácil de eludir la verdad, esconder los actos reprobables y agredir a quien pretenda ponerlos a la luz pública.
Representantes del CONADE, de los Comités Cívicos de La Paz, Cochabamba, Potosí, y de las plataformas ciudadanas, señalaron:
«Podemos ampliar esta idea con la responsabilidad con la que un funcionario público debe actuar frente a la sociedad. ¿En cuál de estos conceptos se los puede catalogar a los miembros de la actual Asamblea Legislativa de facto? La mayoría está en la mira de la ciudadanía por incumplir su deber y su juramento de respeto a las Leyes y la Constitución Política del Estado (CPE) y por desatender a sus mandantes.
¿En qué línea debe catalogarse, a su vez, un proyecto a ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que restringe las facultades de las Fuerzas Armadas y la Policía, para actuar frente al crimen organizado los excesos de grupos radicales, el terrorismo, la violencia del narcotráfico, el uso de violencia en las manifestaciones callejeras y la conspiración contra los intereses nacionales? Desgraciadamente, un proyecto de ley de esas características nació en la actual ALP de facto.
(Mientras no sea promulgado legal y constitucionalmente ninguna aprobación por el senado es Ley, sigue siendo proyecto).
Se trata del proyecto de «ley para Regular los Estados de Excepción», que confiere una serie de atribuciones y poderes a la Asamblea Legislativa y limita al Órgano Ejecutivo. Ese proyecto que surge de asambleístas del MAS, determina que un Estado de Excepción sólo podrá ser decretado cuando «se constituya en una amenaza real de un estado de guerra internacional, invasión, ataque de una o más potencias extranjeras o fuerzas irregulares de extrema gravedad e inminente que puedan afectar los intereses de Bolivia».
Pero en el caso de gente (del MAS) que cometa excesos en manifestaciones, bloqueos u otros actos de violencia en el estado de excepción, solamente serán multados con el 10% del salario mínimo nacional y se prohíbe las restricciones a la libertad física de los infractores. También advierte que «los servidores públicos, civiles, militares y policiales serán responsables de los actos que emitan, de las órdenes que impartan y de las acciones que realicen en ejecución del estado de excepción». Inclusive establece que los efectivos podrán ser procesados y sancionados, civil, y penalmente por los actos que puedan cometer en el ejercicio de sus funciones.
Ya está normado en la Constitución
Indicaron, «que el Estado de Excepción, que reemplaza al antiguo estado de sitio, ya está normado por la CPEP, y ningún proyecto de ley debe estar por encima de la Ley de Leyes y mucho menos ampliar, cambiar u omitir su contenido.
Solamente una vez decretado el Estado de Excepción, la Asamblea Legislativa puede normar sus alcances, pero no debe condicionar al Poder Ejecutivo, ya que una norma de esta naturaleza generaría un conflicto de poderes.
Es decir, la ALP de facto intenta preparar el terreno de amparo a la violencia para antes de las elecciones generales, abonar mediante el terror y miedo para que el candidato de su partido obtenga, así sea el mínimo de votos necesario para hacerse del poder».
Varios abogados y ex magistrados del Tribunal Constitucional, como la Dra. Salame, calificaron de inconstitucional una norma de semejantes alcances. Asimismo, políticos de diversas corrientes se pronunciaron señalando que se trata de una norma que busca proteger los delitos de los grupos violentos del MAS, y limitar las facultades de las fuerzas del orden para actuar frente a esa violencia.
Qué determina, manda y ordena la CPEP, veamos
«Art. 243. Las FF.AA. del Estado están orgánicamente constituidas por el Comando en Jefe, Ejercito, Fuerza Aérea y la Armada Boliviana, cuyos efectivos serán fijados por la Asamblea Legislativa Plurinacional a propuesta del Órgano Ejecutivo.
Art. 244. Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y participar en el desarrollo integral del país.
Art. 245. La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las Leyes y a los reglamentos militares. Como organismo institucional no realiza acción política, individualmente sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por la Ley.
Art. 246. I. Las Fuerzas Armadas dependen de la Presidenta o del Presidente del Estado y reciben sus órdenes, en lo administrativo por intermedio de la ministra o del ministro de defensa y en lo técnico, del Comandante en Jefe.
Art. 251. I. La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las Leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás Leyes del Estado.
II. Como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo con la Ley.
Art. 252. Las fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o del Presidente del Estado, por intermedio de la Ministra o Ministro de Gobierno».
Como se advierte -expresaron- mediante el proyecto de ley de Excepción, se intenta desestabilizar el país y generar confusión para alentar la eclosión social del MAS.
«No es la primera vez que el MAS se muestra partidario de la violencia y la impunidad. Hace poco pretendió aprobar una ley de impunidad para los excesos de sus militantes junto al fraude electoral. Seguramente pocos desconocen los antecedentes terroristas de militantes del MAS, la muerte de policías y militares en el Chapare, los ajusticiamientos, los vínculos con el narcotráfico, las zonas rojas de las drogas, y los actos terroristas por los que fue juzgado el ex vicepresidente Álvaro García Linera mereciendo sentencia de cuatro años que cumplió en el penal de San Pedro por orden de un Juez de Partido en lo Penal. Es necesario recordar también, que mediante un decreto, el gobierno del MAS, el año 2016 prohibió portar dinamita y otros explosivos en las manifestaciones y movilizaciones sociales. ¿Pero qué ocurrió? el entonces y actual ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi junto a Luis García Linera, en octubre de 2019 portando y haciendo explosionar cartuchos de dinamita, ingresaron a la ciudad de La Paz al extremo que después, Guarachi, dijo que «no le importaba las disposiciones legales porque esa era la manera de actuar de los mineros».
La ALP propende la violencia partidaria
Los del CONADE señalaron «¡Con esos antecedentes queda clara la intención de los legisladores del MAS, de buscar la impunidad para actos violentos de sus partidarios!».
Según abogados constitucionalistas, la intención es despenalizar el incumplimiento del estado de excepción, y deslindar de sanciones penales a quienes generen convulsión en el país. El Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, manifestó que «es triste lo que está haciendo el Movimiento al Socialismo, y por eso claramente esa ley de excepción que están tratando de aprobar es para desestabilizar el país, todo queda claro, llevan gente a la muerte, secuestran periodistas, ahora tratan de sacar una ley de excepción para que no pueda actuar la Policía ni las Fuerzas Armadas, o sea, quieren dejar un país en indefensión». Los senadores Carmen Eva Gonzales y Antonio Menacho, anunciaron que, en su caso «presentarán un recurso de inconstitucionalidad», para evitar que entre en vigor esa norma.
En criterio de los abogados, Wenceslao Jauregui, Javier Albarracín, Carlos L. Crespo García y también del exrector de la UMSA Waldo Albarracín y el exnominado a candidato presidencial por el PDC y exfiscal departamental del Distrito de Santa Cruz Dr. Jaime Soliz «es que dichos parlamentarios deberían actuar de inmediato sobre el fondo del tema. Lo que deben tener en cuenta, el gobierno y su bancada es que la única que puede PROMULGAR una Ley aprobada por el Senado, es la Presidenta Añez y de ninguna manera la Presidenta del Senado, Eva Copa, toda vez que no fue ni es vicepresidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, y en consecuencia no es Presidenta Nata de la ALP, por lo que corresponde que los parlamentarios del gobierno, acudan ante el TCP para que de una buena vez aclare y determine que la señora Copa no es Presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional y por tanto no tiene facultad expresa y terminante para Promulgar Leyes».
El Dr. Soliz afirmó que «debería iniciársele acciones penales a Eva Copa por incumplimiento de deberes (no ratificó ascenso de Generales) y atribuirse funciones que no le compete, es usurpación de funciones, nulas de pleno derecho (promulgar leyes) y manifestar, como ella, proclama, actuar como presidenta de la ALP».
Los Dres. Wenceslao Jauregui, Javier Albarracín recordaron que «el pueblo en sus diferentes sectores, pidió a la presidenta Añez que ¡¡cierre el parlamento!! mediante decreto, porque los actuales prorrogados diputados y senadores de su partido, del PDC y del MAS, no tienen legitimidad, pues el 22 de enero de 2020 concluyó el periodo de su mandato.
El pueblo, sobre todo la juventud boliviana, al haber organizado y asistido a Cabildos multitudinarios, donde se acordó la inmediata renuncia de Evo Morales y su gobierno, el enfrentamiento de policías que todavía apoyaban al denominado dictador dispararon gases a diestra y siniestra, contra indefensos jóvenes y universitarios que no estaban armados, la lucha frontal fue en las calles de La Paz hasta lograr que Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera, abandonen funciones, renuncien y luego se asilen en México. Ese accionar de Revolución Pacífica evidenció una otra forma de gobierno que requería Bolivia, pero la asunción intempestiva de Jeanine Añez, ante la sorpresa de la mayoría de los bolivianos, demostró la ingenuidad y desesperación de hacerse del poder, por parte de un equipo político que en las urnas del 20 de octubre apenas obtuvo a nivel nacional un 4%, y que para hacerse del gobierno, en lugar de cerrar el parlamento, auspició la presencia de los «pragmáticos» del MAS, que ante la renuncia de Adriana Salvatierra presidenta del senado y de Víctor Borda, presidente de la cámara de diputados -que corrieron a asilarse en la embajada de México por los delitos que cometieron- eligieron a Eva Copa y a Sergio Choque.
Es decir, ante el caos y anarquía sembrado por los renunciantes a la presidencia y vicepresidencia del Estado, la actual presidenta, ha hecho retornar, increíblemente, a una espiral de racismo y odio de los actores del MAS en contra de quienes lograron la renuncia de Morales y García Linera, a cuyo fin le proporcionó la caja de pandora para que desde allí, desde el parlamento, inciten a la violencia, amparen la violencia de su partido y apruebe proyectos de ley, en contrario imperio de la Ley de Leyes, es decir sin antes modificarse parcialmente la CPEP mediante previo Referéndum, los legisladores de facto, incluidos del partido de Añez y de Doria Medina, generaron una especie de Frankenstein que no saben cómo frenarlo.
Resulta ser una aliada del partido con el que cogobierna antes que una presidente para que la administración corrupta del MAS, sea sancionada y condenada por la justicia ordinaria».
En la cuerda floja la presidenta Añez
«De lo que debe estar segura la presidenta Jeanine Añez y su equipo palaciego -afirmaron- es que si promulga la Ley de Elecciones, estaría admitiendo la promulgación efectuada arbitrariamente por Eva Copa de la nueva fecha de elecciones, además antes que haya una Sentencia Constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la acción interpuesta por Oscar Ortiz y en la que debe incluir que se deje claramente establecido que la Presidenta del Senado NO ES Presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Y si promulga o deja promulgar ilegalmente la Ley de Excepción estará al borde de un inmediato juicio de responsabilidades y suspensión del cargo, mientras dure la acción legal. Esa es la intención del MAS», acotaron.
Pero ante la historia, la presidenta Jeanine Añez Chávez, será culpable de haber sembrado y ocasionado la violencia toda vez que los jóvenes de Bolivia, no están dispuestos a ser sacrificados por haber liderizado la consolidación del sistema democrático.
«Añez esta entre escoger el camino de acatamiento a la Constitución o deslizarse como por tobogán al precipicio del desastre y soportar un juicio de responsabilidades que ya estaba decantado por el MAS y por tanto su alejamiento del Órgano Ejecutivo y su condena», enfatizaron.