Una corte de El Salvador sentenciará en unos días al expresidente Elías Antonio Saca por corrupción, primero en ser condenado en la historia democrática del país, pero esta aparente victoria de la Fiscalía deja varios cabos sueltos que no permiten a la Justicia abarcar todos los flancos del millonario desfalco.
El Tribunal Segundo de Sentencia de El Salvador dará a conocer la tarde del 12 de septiembre su fallo contra el expresidente Saca (2004-2009) y seis de sus excolaboradores por la malversación de más de 300 millones de dólares del presupuesto público.
Los tres jueces anunciarán si imponen las condenas de entre 3 y 10 años, que Saca y sus excolaboradores pactaron con la Fiscalía a cambio de confesar los delitos de peculado y lavado de dinero en un «juicio abreviado», o unas menores.
La Fiscalía planteó durante el juicio que las bases para el desfalco se colocaron con la emisión de un reglamento que daba la categoría de secreto de Estado a la información sobre los fondos manejados como «gastos reservados», que servían supuestamente para mantener el aparato de inteligencia estatal.
Bajo el amparo de esta normativa, Saca y sus presuntos cómplices movieron los millones a varias cuentas bancarias a nombre del exsecretario privado Elmer Charlaix y de los exempleados de la Presidencia Jorge Alberto Herrera y Pablo Gómez.
Este dinero fue manejado posteriormente mediante agencias de publicidad, que acordaron cobrar una comisión, o «sociedades de papel» y llevado a las empresas radiofónicas de Saca.
La primera incógnita que plantea el trato, que le permitió a Saca evadir una condena máxima de entre 25 y 30 años, es que el Ministerio Público desconoce el destino de 191 millones que fueron sacados en efectivo y de los que el exjefe de Estado no dio cuenta en su confesión.
Uno de los fiscales del caso especuló durante los alegatos finales del juicio, que se realizó entre el 7 y el 29 de agosto, que posiblemente el exmandatario colocó el efectivo en barriles plásticos y los sepultó.
La Fiscalía, que vio dañada su imagen ante la población por el pacto sin que esté aclarado el destino de todo el dinero, asegura que solo logró rastrear el efectivo que llegó a las cuentas de la esposa del exmandatario, Ana Ligia de Saca, y 7,6 millones que recibió el partido que lo llevó al poder.
Por esos fondos, la esposa de Saca es procesada por lavado de dinero, mientras que ningún miembro de la cúpula de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) enfrenta cargos ni se ha procedido a embargar los bienes de la formación.
La prensa cuestionó a los fiscales a lo largo del juicio sobre la falta de acciones contra Arena, que no es la primera vez que es salpicada por la corrupción, y estos se limitaron a afirmar que el proceso de investigación sigue abierto y en el futuro se puede proceder.
Otro de los cabos sueltos que dejó el juicio es la no imputación del expresidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR) Hernán Contreras, quien supuestamente ordenó la realización de varias auditorías irregulares.
Un auditor de la CCR relató a los jueces del tribunal que Contreras le pidió que hiciera estas auditorías obviando los procedimientos acostumbrados.
Según la defensa de los tres exempleados de la Presidencia sometidos al juicio, la Fiscalía realizó una «imputación selectiva» al no acusar a Contreras ni al auditor que «se autoincriminó».
Los letrados apuntaron que la misma situación se planteó con autoridades de dos bancos que dieron facilidades a Saca para mover los fondos estatales sin alertar a la Fiscalía ni cumplir los requisitos del cambio de cheques en varias ocasiones.
Los defensores apuntaron que debieron ser acusados al menos la secretaria del presidente del Banco Cuscatlán, María del Rosario Zaldívar, y el directivo Jorge Bahaia.
Zaldívar admitió durante el juicio, al que fue llamada como testigo de cargo, que por órdenes del presidente del banco, Mauricio Samayoa, fallecido en 2015, coordinó el cambio de cheques.
Otra testigo relató que en al menos una ocasión Bahaia, extesorero de Arena según la prensa local, autorizó el cambio de cheques.
Este panorama apunta a que la Justicia, al menos en este proceso, solo alcanzará a Saca y sus excolaboradores, mientras que los vinculados a la banca, la CCR y Arena que supuestamente ayudaron a desfalcar al Estado no conocerán la cárcel, sea por la falta de imputación o la prescripción de cualquier delito.
Los otros procesados son los exsecretarios de Comunicaciones y Juventud, Julio Rank y César Funes, respectivamente.