Una marcha en contra de la prórroga de los magistrados en Bolivia exigió este jueves que se realice un «cabildo abierto judicial» para escoger a las «ternas» de los profesionales que pueden ocupar esos cargos.
Decenas de personas asistieron a la marcha en la ciudad de Santa Cruz vistiendo de blanco y ondeando banderas de ese departamento con los colores blanco y verde, también con algunos carteles que rechazaban la autoprórroga de los magistrados.
Las personas gritaban «no al prorroguismo», «fuera los golpistas» y «Santa Cruz de pie nunca de rodillas» y exhibían carteles como «respeten la voluntad del soberano», «liberen a nuestro gobernador» y mostraban las fotografías de los magistrados exigiendo cárcel para todos los que se mantienen en esos cargos.
La gente recorrió las principales calles de Santa Cruz hasta llegar al Palacio de Justicia donde se realizaron varios discursos por parte de activistas de diferentes partes del país exigiendo el respeto al mandato del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, quien está en una cárcel de forma preventiva.
El Tribunal Constitucional Plurinacional ordenó la suplencia de Camacho y pidió al presidente del Legislativo cruceño, Zvonko Matkovic, y el vicegobernador, Mario Aguilera, que den vía a ese reemplazo, situación que generó polémica en ese departamento.
El activista Agustín Zambrana dijo a EFE que «Bolivia está viviendo un golpe de Estado progresivo, un golpe de Estado judicial» con la prórroga de esas autoridades y que la ciudadanía no lo va a permitir, por lo que saldrán nuevamente a las calles para exigir a la Asamblea Legislativa que «frene esta locura».
«Nosotros somos los primeros en exigir un cabildo porque la Constitución boliviana permite los cabildos y el cabildo va a llenar un vacío jurídico que ha ocasionado el Parlamento que tenía un año para hacer la preselección de los candidatos judiciales y no se han puesto de acuerdo», indicó Zambrana.
El activista leyó una serie de pedidos al finalizar la protesta en la que destaca el de realizar el «cabildo abierto judicial» donde las personas puedan escoger las «ternas» que puedan ocupar esos altos cargos, para ser remitidas al parlamento ya que no cumplieron con el proceso de selección.
Exigieron la liberación de «presos políticos» como la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, el gobernador Luis Fernando Camacho, entre otros.
También mantener la unidad y que esta situación no afecte la realización del censo de población y vivienda que está previsto para marzo de este año, y convocó a los bolivianos a «tomar las calles» para reivindicar la libertad y la democracia, entre otros.
Antecedentes
La Constitución, vigente desde 2009, introdujo los comicios para elegir cada seis años a las máximas autoridades de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Consejo de la Magistratura, con candidatos preseleccionados por dos tercios en el Legislativo.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votaron nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del Movimiento al Socialismo (MAS) para elegir a jueces afines al oficialismo.
Los nuevos comicios debían celebrarse en diciembre de 2023, pero el proceso de preselección de candidatos se trabó en el Parlamento, de mayoría oficialista, ante lo cual, el TCP decidió prorrogar su mandato y el de otros magistrados para evitar un «vacío de poder».
El Gobierno de Luis Arce indicó que Evo Morales intenta «convulsionar el país» y que la solución es que la Asamblea Legislativa llegue a un consenso para lanzar lo más antes posible la nueva convocatoria para las elecciones judiciales.
Esta semana hubo protestas contra la prórroga de los magistrados, los sectores afines a Morales dieron 72 horas a los mismos para que todos renuncien, caso contrario comenzarán un bloqueo de carreteras desde el lunes.
Esta jornada, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, se reunió con representantes de las tres fuerzas políticas en el Parlamento y firmaron un acuerdo para agilizar las elecciones judiciales.