La corrupción afecta a varios países del continente en todos los niveles de la vida institucional. Casi todos los días es posible enterarse de nuevos hechos que lesionan las finanzas públicas, y como consecuencia ulterior afectan programas de desarrollo, proyectos, impiden dar más recursos a la educación, la salud y hacen perder la oportunidad de desarrollo y progreso de los pueblos. En nuestro país se conoció un nuevo caso y el Ministerio Público, imputó a una ex presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), y a varios de sus colaboradores inmediatos.
Se los acusa por supuestos favorecimientos en tres contrataciones durante la gestión 2016, por más de 100 millones de Bs. La imputación 65/2018 del 22 de mayo, presentada ante la juez anticorrupción, Melina Lima, por una comisión de fiscales de La Paz, fue resuelta luego del memorial presentado el año pasado por Marcos Farith Loayza, también expresidente de la ABC, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y asociación delictuosa. Los acusados anunciaron que asumirán su defensa rechazando las acusaciones.
El gobierno también se pronunció mediante el Ministerio de Justicia que anunció su incorporación a las investigaciones de las denuncias de presuntos casos de corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras. Para el efecto, el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción se apersonará al Ministerio Público para coordinar acciones.
Lamentablemente, como ocurre en decenas de otros casos denunciados, las causas permanecen en manos de la justicia que los maneja de acuerdo a un criterio que no es precisamente de la equidad, ya que al estar sometida y ser subalterna del Ejecutivo, su actuación solamente genera desconfianza, duda y susceptibilidad. Ojalá la justicia actuara como está ocurriendo en Brasil, Argentina, Perú y otros países donde se ha logrado que, sin importar su jerarquía, los culpables vayan a la cárcel, sean destituidos de sus cargos y tengan que rendir cuentan por sus actuaciones.
La corrupción funcionaria y la impunidad son factores de un mayor desgaste moral en la sociedad, y tienen, al igual que el narcotráfico, el efecto negativo de convertirse en paradigma para la gente carente de formación en valores, que por esa vía ilegal trata de ascender económica y socialmente.
Al lesionar las finanzas públicas, esta actividad impide que los gobiernos puedan disponer de fondos suficientes para cubrir las grandes necesidades, como la alimentación y empleos de los más pobres. Aunque no es fácil determinar el monto que distrae la corrupción, es evidente que representa sumas considerables, dadas las fortunas que exhiben muchos funcionarios que llegaron pobres a la administración pública, y ahora son casi potentados.
Los efectos consecuentes de la corrupción son muchos, entre ellos frenar el crecimiento económico; genera ineficiencias y sobrecostos; hace que las obras sean mal diseñadas, mal construidas, sobredimensionadas, dejando «elefantes blancos», que no cumplen sus objetivos esenciales. Se adjudican obras a empresas sin experiencia o sin recursos pero que ganan las licitaciones en forma inexplicable.
Felizmente hoy la tecnología y los medios de comunicación permiten difundir información a todos, denunciar, probar, y comprobar los actos de corrupción, de incapacidad o de negligencia. Lo que falta es que la justicia cumpla su deber, que se acabe la impunidad y que se haga realidad la transparencia en las cuentas públicas y se fomente una educación de los ciudadanos en valores que enseñen a repudiar la corrupción.