El expresidente Carlos Mesa (2003-2005) pidió este lunes a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados por el Consejo de Derechos Humanos, Margaret Satterthwaite, que se pronuncie sobre la prórroga de los magistrados del órgano Judicial boliviano.
El también líder de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC) informó en la red social X que, «dada la crisis judicial provocada por la autoprórroga de los magistrados», envió una carta a Satterthwaite «pidiéndole que se pronuncie sobre esta inaceptable situación».
En su carta, el exgobernante explica a la relatora que el pasado 2 de enero, los altos magistrados del órgano Judicial «rompieron el orden constitucional del país al permanecer en sus cargos habiendo terminado su mandato de seis años de ejercicio» establecidos en la Constitución vigente desde 2009.
«Este hecho ha generado la más grave crisis de la justicia boliviana en su historia democrática», sostuvo el también periodista e historiador.
Mesa acusó a los jueces de decidir «autoprorrogarse en sus cargos sin tiempo límite, en un evidente conflicto de intereses y en provecho propio» mediante una declaración constitucional emitida en diciembre de 2023 hecha como parte de una consulta de constitucionalidad sobre un proyecto de ley de convocatoria a elecciones judiciales.
La citada consulta «debió limitarse a declarar específicamente si había artículos inconstitucionales» en el proyecto de ley, pero «con evidente abuso de poder y exceso en sus funciones», los magistrados salientes del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) incluyeron en la declaración «su autoprórroga y la de los otros altos magistrados y consejeros.
El exgobernante mencionó que en el ordenamiento jurídico nacional e internacional «no existe la figura de ‘prórroga del mandato’ de magistrados».
Mesa aseguró que esta «gravísima alteración del orden constitucional y democrático» en Bolivia se profundiza porque los «magistrados autoprorrogados del TCP han sido parte de un sabotaje permanente, en alianza con el Gobierno» en contra del Legislativo para demorar las iniciativas que buscaban dar curso a las elecciones judiciales en 2023.
«Llamo su atención sobre esta problemática, para que dentro del ámbito de sus funciones, realice la evaluación y recomendaciones que el caso amerite, como una contribución de su institución a Bolivia, para coadyuvar al restablecimiento del orden constitucional y democrático en mi país», agregó.
La Constitución, vigente desde 2009, introdujo los comicios para elegir cada seis años a las máximas autoridades de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental, TCP y del Consejo de la Magistratura, con candidatos preseleccionados por dos tercios en el Legislativo.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del MAS para elegir a jueces afines al oficialismo.
Los nuevos comicios debían celebrarse en diciembre de 2023, pero el proceso de preselección de candidatos se trabó en el Parlamento, de mayoría oficialista, ante lo cual, el TCP decidió prorrogar su mandato y el de otros magistrados para evitar un «vacío de poder».
El Gobierno de Luis Arce ha defendido la prórroga y asegura que no es inconstitucional, mientras que los sectores oficialistas cercanos al expresidente Evo Morales (2006-2019) están movilizados en Sucre para exigir el cese de los magistrados.
Morales está distanciado de Arce desde fines de 2021.