El expresidente Carlos Mesa (2003-05) presentó ante la Fiscalía General del Estado una solicitud de ampliación de la investigación por el caso Quiborax en contra de cuatro autoridades de Estado, entre ellos los ministros de Justicia, Héctor Arce, de Minería, César Navarro, el Procurador, Pablo Menacho y Elizabeth Arismendi Chumacero, exprocuradora General del Estado, por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Mesa es considerado como el responsable del laudo arbitral que Bolivia perdió contra la empresa chilena Quiborax, a la que tuvo que pagar 42,6 millones de dólares en compensación por la reversión de concesiones mineras en 2004.
«Nosotros entregamos un proceso político y jurídico impecable, y el gobierno del presidente Evo Morales llevó adelante una desastrosa defensa con un conjunto de elementos que genera conducta antieconómica e incumplimiento de deberes», dijo Mesa.
«Que se incluya en esta investigación a don Héctor Arce Zaconeta, que fue ministro de Defensa Legal del Estado y Procurador General del Estado cuando se produjeron esas irregularidades; a doña Elizabeth Arismendi Chumacero, que fue ministra de Defensa Legal del Estado; al actual procurador general del Estado, Pablo Menacho; y al actual ministro de Minería, César Navarro. Estas cuatro personas deben ser investigadas», complementó.
Mesa realizó esa solicitud acompañado por los exministros de Desarrollo Económico, Gustavo Pedraza, y de Trabajo, Luis Fernando Fajalde, que son parte de la investigación preliminar del caso Quiborax.
El exmandatario aseguró que no existe materia justiciable en contra de su gestión de gobierno por ese caso.
Mesa comparecerá este martes ante la misma Fiscalía por el caso Quiborax pero en su defensa, activó la solicitud de incluir también a Navarro, Arce, Menacho y Arismendi, que llevaron adelante el laudo arbitral impulsado por Quiborax- Non Metallic Minerals S.A (NMM), que demandó al Estado por la reversión de sus concesiones en el Salar de Uyuni el año 2004.
Según Mesa, identificaron cuatro irregularidades muy graves sobre los cuales están pidiendo al Fiscalía General, se acuse a las cuatro personas que llevaron adelante – en distintos periodos-, el laudo arbitral desde 2008 al 2018.
El primero hecho irregular -acota Mesa- es que el gobierno llegó a un acuerdo formal con Quiborax para resolver amistosamente el pleito, pagándoles 3 millones de dólares y que luego se retractó. De haberse ejecutado, se hubiera evitado pagar 46,2 millones de dólares.
El segundo hecho -identificado por Mesa-, es que se haya establecido a través de un documento falsificado por Quiborax, la base ilegal para iniciar el proceso a Bolivia.
El tercer hecho es que una vez llegado a un principio el acuerdo entre Bolivia y Quiborax, cuando todavía no se conocía el laudo arbitral definitivo, funcionarios de Quiborax ingresaron como «Pedro por su casa» a la Procuraduría», para negociar el desistimiento del juicio penal que la justicia boliviana abrió contra Allan Fosk, el principal accionista de Quiborax en Bolivia, además de ocho personas.
Mesa sostuvo que la Procuraduría negoció también el desistimiento de la Fiscalía General con relación al juicio penal y el proyecto de sentencia de sobreseimiento de Fosk y otras ocho personas.
Señaló que la cuarta irregularidad tiene que ver con haber pagado en virtud de «este conjunto de problemas, de errores, de insuficiencia y de pésima defensa», 42,6 millones de dólares a la empresa chilena.
Aseguró que su gobierno entregó un proceso político y jurídico impecable y el gobierno del presidente Morales llevó «adelante una desastrosa defensa con un conjunto de elementos que generan conducta antieconómica e incumplimiento de deberes».
Precisó que por ese motivo, ha solicitado al Fiscala General del Estado incluir en la investigación a Héctor Arce, Elizabeth Arismendi, Pablo Menacho y César Navarro, para que sean investigados en función a estos «gravísimos hechos».
En el mes de mayo se conoció que el Estado boliviano perdió un litigio que sostenía desde 2006 contra la empresa chilena Quiborax a la que debía pagar 48,6 millones de dólares, pero las autoridades gubernamentales transaron para terminar cancelando 42,6 millones de dólares.
El fallo fue dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo del Banco Mundial cuyo objetivo es resolver este tipo de conflictos. En este caso para la indemnización tras la reversión de sus concesiones para explotar ulexita en el Salar de Uyuni en 2004.