La canciller interina y ministra de la Presidencia, María Nela Prada, manifestó que las elecciones judiciales en el país no resuelven los problemas estructurales de la Justicia, pero augura que avance el proceso, tras la preocupación de la relatora de las Naciones Unidas por el retraso.
Prada indicó a los medios que comparte el pensamiento del presidente Luis Arce, de que las elecciones judiciales «no resuelven el problema estructural que tenemos en la Justicia» y que el pueblo es consciente de aquello, ya que en las pasadas dos elecciones «no han resuelto el problema».
«Los problemas estructurales de la Justicia los tenemos que encarar entre todos, no pensando únicamente en reformar, no pensando únicamente en parches de la Justicia, sino una revolución de la Justicia que esté al servicio del pueblo, que es lo que ha señalado siempre nuestro presidente», expresó Prada.
Añadió que está iniciando un nuevo período de la Asamblea Legislativa Plurinacional y que espera que el tema sea tratado para que se pueda «avanzar».
«Auguramos que avance ese órgano del Estado, que se llegue a un buen puerto», subrayó.
El viernes la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación por el retraso que ha sufrido el proceso de la elección de las autoridades máximas del órgano judicial boliviano.
«Resalto la importancia que tiene celebrar un proceso transparente, participativo e integro para asegurar la independencia de la justicia», indica el mensaje en la red social X (antes Twitter).
En septiembre la relatora expresó su preocupación al presidente Arce a través de una carta en la que detalla las fallas para que se concreten las elecciones judiciales que estaban previstas para octubre de este año.
El proceso de preselección quedó paralizado en dos ocasiones debido a medidas dispuestas por salas constitucionales ante acciones presentadas por parlamentarios opositores en contra de la convocatoria y reglamentos aprobados en el Legislativo.
El Senado aprobó a fines de agosto un nuevo ‘Proyecto de Ley transitoria para las elecciones judiciales 2023-2024’ que todavía no ha sido aprobado en la Cámara baja.
A esto se suman las tensiones entre las facciones oficialistas afines al presidente Luis Arce y al exmandatario Evo Morales (2006-2019) que también han supuesto otra traba para la preselección.
La Constitución promulgada en 2009 introdujo la elección mediante voto popular de las máximas autoridades de los principales tribunales con candidatos seleccionados previamente por dos tercios en el Legislativo.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del Movimiento al Socialismo (MAS) para elegir a jueces afines al oficialismo.