La Cámara de Diputados aprobó, el proyecto de Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, pese a las observaciones de la oposición que considera que no es factible, compromete la estabilidad del país, desconoce las autonomías regionales y municipales y destina miles de millones de dólares a proyectos de dudosa rentabilidad. El gobierno considera que el plan busca desarrollar al país con la inversión de más de 33 mil millones de dólares para los próximo cinco años, beneficiando a los nueve departamentos y con la mira de reducir la pobreza y lograr un crecimiento de más del cinco por ciento.
La principal objeción de la oposición tiene que ver con la aprobación por mayoría sin consultar a las gobernaciones, municipios ni a la comunidad nacional, y también porque contiene un alto contenido político en los programas a desarrollarse, al, extremo de fijar pautas ideológicas para la Policía y la Fuerzas Armadas. El presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, explicó que el PDES beneficiará a los nueve departamentos con una inversión de 33.197 millones de dólares para los próximos cinco años que serán destinados al área productiva, infraestructura y social, «principalmente a educación y salud. La ley que tratamos emergió de las nueve cumbres departamentales y una cumbre nacional». A su vez, la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, explicó que el programa cuenta con la debida solvencia técnica e ideológica que permitirá a Bolivia dar un salto cualitativo en los próximos años, y que el PDES promoverá el desarrollo integral y el incremento de la inversión pública como motor de la economía.
De acuerdo a las explicaciones, el plan tiene 10 ejes y busca impulsar nuevas industrias de productos estratégicos orientados a la sustitución de importaciones. Una meta es retomar el rol protagónico del Estado a través de la inversión pública y promoción de inversión privada y extranjera. Según el gobierno, los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2025 buscan reducir la pobreza moderada de 39% a 19% en 2025 y reducir la pobreza extrema de 13,7% a 5,3% en cinco años; busca lograr un crecimiento de 5,1% entre 2021 y 2025, y reducir la desigualdad. Publicaciones de medios de comunicación, informan que el plan contempla el impulso de una decena de proyectos de industrialización con sustitución de importaciones como ser plantas de biodiesel, una industria farmacéutica y de medicamentos; fábricas de vidrio, fertilizantes NPK, industria de telas, resinas; industria de química básica, industria de la hoja de coca para bebidas, pasta dental y harina.
Los legisladores de oposición observan que este proyecto establece en su artículo 4 la obligatoriedad de su cumplimiento a los cuatro órganos del Estado, y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), vulnerando el principio de separación de poderes y de la independencia de gestión de los Órganos del Estado. Consideran también que el proyecto de ley permite que el gobierno, mediante decretos asuma determinaciones por encima de sus limitaciones constitucionales. Explicaron que existe un anexo que puntualiza las acciones para desarrollar en diferentes áreas a través de diez ejes que contemplan ampliar la base tributaria a través de reformas a diferentes normas.
Para el senador Rodrigo Paz, el plan busca invertir más dinero en empresas estatales que «fracasaron», pese a que el sector productivo privado aporta más del 80% a la economía nacional. Explicó que el proyecto de ley no fue consensuado con las regiones, gobernaciones, ni municipios y mencionó que el artículo 4 impone a todas las entidades públicas y privadas, Tribunal Supremo Electoral y Tribunal Constitucional a estar bajo el mandato de la norma. El diputado Edwin Bazán dijo que «se equivoca nuevamente el MAS, comete el mismo error y el proyecto puede correr la misma suerte que las leyes anteriores que ocasionaron movilizaciones». En cuanto al programa de desarrollo económico dijo que un plan que nace sin recursos, «no es un plan económico social, sino político». Se plantea que el Estado financiará el 61% y con recursos externos el restante 39%. La mayoría de los analistas económicos observaron la fragilidad del PDES basado en recursos estimados en más de 39 mil millones de dólares que no existen y una posibilidad incierta de financiamiento externo para crear empresas sin estudios de factibilidad financiera ni sostenibilidad ambiental, que es ahora el requisito fundamental para acceder a financiamiento externo. Recordemos que el gobierno incumple los acuerdos de preservación de la naturaleza, respeto a los derechos humanos y otras recomendaciones de las convenciones internacionales, entre ellas la lucha contra el narcotráfico.