La importancia del censo radica en la necesidad del país de contar con información fidedigna sobre la población y sus necesidades. Tanto el Presidente del Estado, Luis Arce, como la Iglesia Católica exhortaron a la ciudadanía a colaborar para lograr que se alcance el éxito y se eviten las susceptibilidades. De hecho, el censo ya comenzó con el registro de efectivos policiales y militares en todo el país. Como no se tomó en cuenta el tema de la religión, la Iglesia católica anunció que por su cuenta realizará un sondeo, con el objetivo de determinar cuántas personas se adscriben a las diferentes religiones o no profesan ninguna. El anuncio fue realizado por el arzobispo de La Paz, monseñor Percy Galván, quien aclaró que este sondeo sobre la religión no será este 23 de marzo con el censo, sino se realizará en el transcurso de este 2024. Galván, quien lamentó que en el censo se haya omitido el tema de la religión, porque hubiese sido un buen dato para el Estado y las instituciones involucradas en el tema. A pesar de la omisión de este tema, el arzobispo llamó a todos los bolivianos a participar del censo.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE), garantizó el trabajo de los medios de comunicación durante la jornada censal de este sábado 23; y pidió que se respete el «secreto estadístico» al momento de la recolección de datos de los ciudadanos. La coordinadora general del Censo 2024, Martha Oviedo, presentó el protocolo para el trabajo de los medios de comunicación. Los periodistas de turno que cubrirán la jornada censal; deben portar la credencial del medio de comunicación en el que trabajan. Remarcó que la institución brindará información oficial durante todo el día; y que los censistas voluntarios, supervisores; jefes de área son personal que cumple funciones técnicas; y no son voceros autorizados del INE. Recordó que los datos de los ciudadanos están cubiertos por el secreto estadístico, inscrito en el artículo 5 de la Ley 1405. Esa norma señala que la información proporcionada por la persona censada; «no podrá ser revelada en forma individual; y sólo podrá ser publicada de forma anonimizada». Esta información de carácter individual y privada tampoco podrá ser utilizada con propósitos tributarios; judiciales, administrativos o policiales, aunque medie orden administrativa o judicial.
Recordemos que, de acuerdo con el auto de buen gobierno, este 23 de marzo quedan suspendidas todas las actividades públicas, privadas, comerciales e industriales. Está prohibido el consumo y expendio de bebidas alcohólicas, desde las cero horas del viernes, 22 de marzo, hasta las 23:59 del sábado, 23. La norma específica que el consumo de alcohol está prohibido tanto en espacios públicos como privados, además de domicilios particulares e inclusive en hoteles, restaurantes, bares, etc. Las personas arrestadas por infringir el auto de buen gobierno serán censadas por agentes voluntarios en las celdas donde guardarán arresto policial.
La viceministra de Gestión del Sistema de Salud, Mariana Ramírez, informó que se cuenta con un plan de contingencia para garantizar la atención en establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel. Afirmó que la atención será de 24 horas en situaciones de emergencias y de mujeres embarazadas. «En todo el país tenemos 429 establecimientos de salud que van a brindar atención médica; de los cuales 188 son de primer nivel, que atenderán las 24 horas; 83 hospitales de segundo nivel y el resto de tercer nivel», explicó.
La necesidad de que el país cuente con información precisa basada en un censo confiable, es determinante para que el país planifique y atienda las múltiples necesidades del país, y se dé prioridad a las situaciones donde se registren más deficiencias. Por ejemplo, los datos de población y su ubicación, permitirá determinar cuánta gente vive en las ciudades y en el área rural. Carlos Hugo Molina, abogado que dirigió el equipo que impulsó y aplicó la Ley de Participación Popular y sus Decretos Reglamentarios (1993-1997), en un artículo explicó que esta medida democratizó el ejercicio de la ciudadanía al incorporar al 42% de la población que, viviendo en áreas rurales, no votaba por su autoridad municipal sencillamente porque no existía. Las «ciudades», 186 con población mayor a 2.000 habitantes, y de las cuales sólo 24 administraban recursos, terminaban en los radios urbanos.
Afirma que la Participación Popular permitió la incorporación de actores sociales, órganos públicos y territorios al desarrollo sostenible, sirviendo de modelo de gestión pública y que, ahora «Nos toca conciliar nuestra diversidad, terminar de integrar las culturas de 36 lenguas con el español y el mundo, y aceptar la realidad que nos golpea más allá de la consigna «indígena originaria campesina»: ocho de cada 10 bolivianos vivimos en ciudades, el área rural se está despoblando, en las ciudades no hay pesca, cacería ni recolección, y tenemos que construir desarrollo económico digno, seguro, competitivo, sostenible y complementario con el mundo, sobre la base de un millón de km2 despoblados y sin presencia estatal».