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martes, mayo 28, 2024
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ONU se preocupa por la situación de la justicia boliviana

La relatora de Naciones Unidas, especializada sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación sobre la situación de la justicia en Bolivia, que por falta de «acuerdo político pueda socavar la independencia del poder judicial en el país y que los actuales titulares hayan sido prorrogados por un período indefinido». La experta de la ONU hizo referencia al retraso en el proceso de elección de las máximas autoridades judiciales en Bolivia. «El derecho a un juicio justo requiere un juez independiente e imparcial». En Bolivia, para las altas cortes y el Consejo de la Magistratura, la Constitución requiere la elección de candidatas y candidatos calificados que hayan sido examinados en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La experta afirma que la participación de la sociedad civil en todas las etapas es importante para fortalecer la credibilidad en el proceso. Destacó que la ausencia de acuerdos políticos se ha traducido en el vencimiento de los mandatos de las y los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura. Margaret Satterthwaite considera que «la realización de estas elecciones judiciales es uno de los elementos clave para garantizar la independencia y la imparcialidad de la justicia en Bolivia», recalcó la experta.

El mandato de las altas autoridades judiciales elegidas en 2018 finalizó el 31 de diciembre de 2023, sin que se hubieran celebrado elecciones de nuevas autoridades judiciales. A fines de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional decidió ampliar el mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional «de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen las nuevas autoridades», según la sentencia 0049/2023. «El derecho a un juicio justo previsto en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) especifica que un tribunal competente, independiente e imparcial es una de las garantías del debido proceso,» dijo Satterthwaite.

Destacó que las normas internacionales sobre la independencia de la judicatura dejan claro que el requisito de independencia se refiere, en particular, al procedimiento y las calificaciones para el nombramiento de los jueces, y a las garantías relativas a su seguridad en el cargo y a sus condiciones de servicio. «Dado que hasta el momento no se ha fijado una fecha para las elecciones judiciales, me preocupa que esta falta de acuerdo político pueda socavar la independencia del poder judicial en el país y que los actuales titulares hayan sido prorrogados por un período indefinido», dijo Satterthwaite.

La relatora especial recordó que su antecesor realizó una visita oficial al Estado Plurinacional de Bolivia en febrero de 2022. «Insto a las autoridades bolivianas a implementar las recomendaciones formuladas en su informe de visita», puntualizó Satterhwaite.

Los Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o problemas temáticos en todas partes del mundo.

El ministro de Justicia, Iván Lima, se refirió al pronunciamiento de la relatora de la ONU, señalando que pide algo en lo que el Gobierno ha estado insistiendo: «un acuerdo nacional para que los candidatos y candidatas sean calificados por la Asamblea Legislativa y que exista participación de la sociedad civil boliviana». Asimismo, dijo que el vicepresidente David Choquehuanca convocó a un gran diálogo nacional, para alcanzar una nueva Justicia, «un camino que garantice transparencia, independencia, respeto a los derechos humanos y principalmente respeto a nuestra Constitución».

Sin embargo, los hechos muestran una realidad diferente en la que el gobierno permanentemente ha obstaculizado, primero, la reestructuración del sistema judicial, y luego del proceso de elección de los magistrados. Precisamente el ministro Lima, cuando cambió de parecer sobre la necesidad de buscar el cambio del sistema judicial, dijo que el gobierno tenía otras prioridades que la justicia podía esperar. El hecho más triste es que el sistema judicial en este momento cogobierna y actúa políticamente como brazo represivo del Órgano Ejecutivo.

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