Una ola de protestas motivó el proyecto del ministro de Justicia Iván Lima, para dejar que las víctimas de violencia contra las mujeres, decidan si quieren enjuiciar penalmente a los agresores o ir a una conciliación. Una idea semejante generó protestas e incredulidad. Coincidentemente, tanto activistas de la defensa de los derechos humanos, feministas, abogados, políticos de oposición y hasta algún diputado oficialista deploraron la intención de modificar la ley 348 de 2013 (Para garantizar a las mujeres una Vida libre de Violencia), retrocediendo en sus alcances en lugar de avanzar hacia el cumplimiento de las obligaciones del Estado de proteger a las mujeres.
El Estado tiene la obligación de garantizar protección y restauración de sus derechos en caso de transgresiones y perjuicios a una mujer, además de facilitar el acceso a la justicia y que los hechos violentos se sancionen adecuadamente. La violencia de género es un delito público, y el Estado no puede eludir su actuación y dejar que se busque una conciliación de la víctima contra su agresor.
Frente a la desaprobación general, el ministro Iván Lima efectuó una aclaración señalando que «las mejoras a la Ley 348», que busca garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, «deben significar un avance y consenso entre todos los sectores y eso significa no retroceder a la conciliación anterior a la promulgación de esa disposición jurídica». También afirmó que este sea «un proceso participativo en el que construyamos todos la solución. Sin ninguna duda, no retrocediendo. La ley debe avanzar, los derechos son progresivos y no podemos volver a la conciliación anterior a la ley 348, esto es una decisión y es un compromiso del Ministro de Justicia y del Gobierno», manifestó en un video difundido en Facebook.
Añadió que «lo que no podemos dejar de lado es el compromiso del Estado con las víctimas, el compromiso de encontrar Justicia, de que se tenga una vida libre de violencia. La situación que tenemos ahora no es sostenible y las soluciones lo vamos a construir todos, las vamos a construir juntos y las vamos a construir escribiendo cada letra de la ley ‘consensuadamente’ y logrando que el país crea en ese proyecto, lo defienda y lo logre consolidar», dijo Lima.
Pero no explicó su posición anterior que entre muchas expresiones que fueron motivo de reproches, Iván Lima, planteó que las mujeres agredidas por sus parejas deben decidir si sus agresores son procesados por la vía penal o ir a la vía de conciliación. Dijo que su propuesta «es la tendencia en la región». Inclusive afirmó que «darle la palabra a las víctimas, que las víctimas decidan si van por la vía familiar o vía penal, para mí ese es el cambio fundamental. La víctima tiene que decidir, el Estado no es el padrastro ni tutor de la víctima de las mujeres que sufren violencia, si la mujer quiere ir a la vía penal, va poder ir, si quiere ir a la vía familiar y resolver su conflicto ahí», señaló en declaraciones a un canal de televisión.
El jurista Paul Antonio Coca opinó que «no es posible que una mujer concilie con su agresor, esa es la salida más fácil, la salida donde el Estado se lava las manos y deja que, en cada casa, prácticamente en cada hogar, lo que ocurra se quede ahí». «El Estado debe garantizar a las mujeres protección y restauración de sus derechos en caso de la violación de sus derechos, el acceso a la justicia y que los hechos violentos se sancionen adecuadamente», indicó Coca.
En lugar de retroceder, se debe puntualizar con mayor precisión los delitos, y en criterio de este abogado se tendrían que impulsar algunas medidas para enfrentar violencia, entre ellas desarrollar permanentemente campañas para la toma de conciencia sobre la gravedad de la violencia intrafamiliar y sus consecuencias; endurecer las normas, dar a la mujer protección, lugar de acogida, y encontrar una fuente de trabajo temporal donde se valga por ella misma.
Aprobar la propuesta del Ministro de Justicia significaría otro retroceso en la defesa de los derechos de la mujer y de su protección. Desgraciadamente, la política que se ha impuesto desde 2006 sobre la justicia no cambia. Después de haber destruido al sistema judicial, se lo ha sometido políticamente y convertido en un instrumento de represión contra los que piensan diferente. La línea de acción se ha caracterizado por procurar la impunidad para la corrupción y la violencia, como se demuestra por los últimos fallos que liberaron de responsabilidades a quienes perpetraron el fraude electoral, destruyeron el patrimonio público y privado mediante hechos de violencia y eludieron procesos a los centenares de casos de malos manejos económicos y despilfarro de los recursos del país.