Frente a la demanda de instituciones nacionales y extranjeras para abrogar las llamadas «leyes incendiarias» que son causa de las quemas y siniestros que se generan en nuestro país, el gobierno admite la necesidad de asumir determinaciones para revisar esas normas. Los millones de hectáreas de bosques que se han perdido, el humo que está intoxicando a la población y las protestas de activistas, indígenas, organizaciones sociales y académicas parece que sensibilizan a las autoridades. Según algunos medios de comunicación, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, señaló que un equipo jurídico analiza la abrogación de las leyes cuestionadas. «Se debe hacer un análisis muy riguroso, porque queremos no sólo abrogar, sino sustituir con normas que nos permitan tener un control efectivo y real», según Novillo. La predisposición del gobierno abre la oportunidad de analizar esta situación que se agrava, y que hasta el momento ha ocasionado pérdidas incalculables tanto por los daños irreversibles al medio ambiente por la quema de bosques y la pérdida de miles de especies silvestres, tanto vegetales como animales.
Un organismo de reciente creación, la Federación Iberoamericana de Derechos Humanos, se pronunció a través de una carta dirigida al presidente Luis Arce, en la que pide «detener el ecocidio a causa de los incendios y cumplir el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y proteger a los pueblos indígenas en su derecho a conservar la tierra y territorio ante el desastre ambiental. Esa Federación sugiere declarar emergencia nacional no solo por los incendios, sino por el aire contaminado que se respira en varias ciudades. La carta está firmada por Hermez Gonzales Álvarez en su calidad de presidente de esta federación.
Los pedidos para la abrogación de las normas que atentan contra el medioambiente, se realizan desde hace varios años, pero debido a la magnitud del ecocidio, la demandas se han acrecentado este año. El encuentro nacional de pueblos indígenas y originarios de Bolivia, realizado en Santa Cruz los días 26 y 27 de octubre, adoptó 28 resoluciones, entre las que destaca la exigencia de que se deroguen las normas que permiten las quemas para habilitar tierras de cultivo; que se respeten sus territorios, su autodeterminación y se cambie el modelo productivo extractivista por una economía con enfoque de transición ecológica. «Ante el desastre ambiental que viven los pueblos indígenas en sus territorios y la población general en las ciudades, debido al daño ambiental, por los masivos incendios provocados, exigimos se deroguen las leyes incendiarias que permiten los desmontes y autorizan las quemas», indica la resolución número 10 del pronunciamiento.
Asimismo, el mes pasado la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno nacional derogar aquellas normas que fomentan los incendios forestales en el país. Además, consideró que es necesario trabajar en una ley que incremente las sanciones administrativas contra los responsables. «En este alarmante contexto convocamos al Estado y gobiernos indígena originario campesinos a analizar y viabilizar normas agrarias, forestales e hídricas compatibles con las necesidades del pueblo boliviano abrogando normativas que fomentan o promueven los incendios forestales, señala un párrafo de la nota del defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
La necesidad de virar la política destructiva y sumarse a la protección ambiental es cuestión de supervivencia. La ONU advierte que las temperaturas mundiales se disparan y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) alcanzan niveles sin precedentes mientras ninguno de los países está reduciendo las emisiones a un ritmo coherente. Por ello, más que nunca, es necesaria una acción climática drástica para alejar al mundo de un cambio climático galopante. El Informe sobre el desfase en las emisiones en 2023, publicado esta semana por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), transmite un mensaje claro: a menos que los países intensifiquen la acción por el clima y cumplan más de lo prometido en sus compromisos para 2030, el mundo se encamina hacia un aumento de la temperatura de entre 2,5 °C y 2,9 °C por encima de los niveles preindustriales.
Al presentar el informe desde Nairobi, la directora ejecutiva de esa agencia afirmó que no hay persona ni economía que no se vea afectada por el cambio climático. Si nada cambia, en 2030 las emisiones serán 22 gigatoneladas superiores a lo que permitiría el límite. Asimismo, la OMS advierte que el cambio climático afecta a todos los pilares de la salud. Así de claro resume la situación global la doctora María Neira, directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud. Asegura que la contaminación, que tiene efectos sobre el clima, los tiene también sobre nuestros pulmones, y que los fenómenos meteorológicos extremos conducen a un rosario de enfermedades.