La competitividad de un país se mide por una serie de factores que permiten producir más con menor inversión y energía. Lamentablemente en nuestro país todo emprendimiento sufre una serie de trabas que elevan los costos generales. El costo país es determinante para la competitividad en la variada gama de actividades que se ven impulsadas -o perjudicadas- por diversas cuestiones que intervienen en el movimiento económico, así como en actividades sociales y hasta culturales. Para colmo de males en estos momentos la pandemia de coronavirus también conspira en el alza de los costos.
A mayores facilidades para el desarrollo de un proyecto, los costos disminuyen, y contrariamente, se encarece todo por las trabas y dificultades. Entre las facilidades se toman en cuenta el estado de las carreteras, los sistemas de comunicaciones, la proximidad de los centros de producción de los mercados, las facilidades para las exportaciones, etc. Bolivia tiene los mayores costos de exportación no solamente por las precarias carreteras y medios de transporte, sino por su condición de país mediterráneo, que tiene dificultades para llegar al as costas y más aún a ultramar, además de pagar cifras muy altas por utilizar los puertos vecinos.
En Bolivia, para nadie es un secreto, el sistema de carreteras es precario, se puede afirmar que se está comenzando a vertebrar el país y apenas se están dando los primeros pasos para contar con carreteras de doble vía. El transporte ferroviario ha sido desmantelado, el sistema de telecomunicaciones es uno de los más caros de la región, y el internet el más lento y costoso del continente. Los accesos al Pacífico y al Atlántico son dificultosos por el enclaustramiento que padece Bolivia, lo que encarece el acceso a los grandes mercados.
Pese a ello, la iniciativa privada ha logrado algún grado de eficiencia, acomodándose a las circunstancias, lo que permite competir frente a otros países mejor dotados de estructuras integrales, pero todos estos esfuerzos chocan con otro grave problema interno que es la inestabilidad, la incertidumbre económica, política y social, y la absoluta carencia de seguridad jurídica.
Los paros, huelgas y bloqueos de carreteras ocasionan enormes pérdidas imposible de cuantificar. Solamente los transportistas pierden medio millón de dólares al día durante los bloqueos. La pérdida de seriedad en el cumplimiento de compromisos en las exportaciones es otro grave problema que enfrentan los productores nacionales que se ven impedidos de honrar compromisos por algún bloqueo de las principales vías. En esas condiciones es muy difícil competir por más que se efectúen inversiones, se consiga tecnología de punta y se demuestre eficiencia.
El costo país también tiene que ver con la eficiencia real que tiene cada Gobierno, en lo que respecta a la administración que haga de los recursos del Estado. Es deseable un bajo gasto del rubro eminentemente administrativo o gasto corriente, y que, por ende, se dedique la mayor parte de las disponibilidades a inversión, infraestructura, a educación, salud pública, fomento a la investigación y la cultura, y en menor medida a soportar el aparato burocrático. Lamentablemente, el gasto corriente en la actual gestión es el más alto de la historia económica del país, con Bs. 47.841 millones asignados en el Presupuesto General del Estado para la gestión 2021.
La suma de todas esas deficiencias anotadas encarece todo, y uno de los dramas que vive Bolivia, es el riesgo de agravar la inseguridad alimentaria. Una parte importante del costo de los alimentos y del costo país, tiene que ver con los bloqueos y huelgas que impiden el abastecimiento, afectan las exportaciones, perjudican las importaciones y encarecen todo, sin que hasta ahora se haya logrado un pacto social para evitar el perjuicio mutuo que se ha convertido en una rutina.