El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad contra la denominada «ley mordaza» aprobada por el Congreso, la cual rechaza porque prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados.
El jefe de Estado ratificó el «firme desacuerdo» del Gobierno con la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios privados «porque vulnera el deber del Estado de comunicar sus acciones y el derecho de las personas a ser informadas», en un mensaje compartido en Twitter.
Vizcarra agregó que «interpondremos una acción de inconstitucionalidad contra la #LeyMordaza».
La también llamada «Ley Mulder» por su promotor, el congresista Mauricio Mulder, portavoz del Partido Aprista Peruano (PAP), obtuvo ayer en el pleno del Parlamento 70 votos a favor, 30 en contra y 7 abstenciones.
Al Ejecutivo solo le quedaba presentar un recurso de inconstitucionalidad para revocarla, pues no puede observarla y devolverla al Congreso nuevamente, acción que ya se utilizó en marzo, cuando fue aprobada por primera vez.
Durante el debate en el hemiciclo fue rechazada una moción para que la iniciativa legislativa regresara otra vez a la comisión parlamentario de Transportes y Comunicaciones con el encargo de ser revisada y replanteada.
El proyecto de ley obtuvo el apoyo del grupo parlamentario fujimorista Fuerza Popular, con mayoría dentro del hemiciclo, y sumó los votos individuales de congresistas independientes y de diversas formaciones hasta superar los 66 necesarios para que la norma saliera adelante.
El argumento utilizado por Mulder es que la publicidad oficial es utilizada por las instituciones estatales para inclinar a su favor las líneas editoriales de los medios privados y para hacer propaganda en lugar de informar sobre sus acciones.
Los detractores de la norma la han calificado como una «ley mordaza» al limitar la capacidad informativa de las instituciones públicas y empresa del Estado.
Hace dos semanas, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, respondió con tono amenazante a las preguntas sobre presuntas irregularidades en compras públicas del Parlamento con que la «Ley Mulder» sería aprobada para sacar la publicidad de algunos «medios mermeleros», como se conoce en Perú a los medios que venden su línea editorial.
Contra esta ley se pronunciaron en contra tanto la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como el Consejo de la Prensa Peruana (CPP).
La SIP la calificó en enero como «una práctica discriminatoria que lesiona los principios constitucionales de libertad de prensa, libertad de empresa y de acceso a la información pública y transparencia».
Por su parte, la CPP calificó la ley de «discriminatoria, innecesaria y desproporcionada», al instaurar una «censura indirecta» en contra de la línea editorial de los medios de prensa y que, además, afecta el derecho a la información de los ciudadanos.
El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, declaró a la emisora RPP Noticias que el objetivo del proyecto de ley «es perjudicar a los medios independientes».