El proyecto de Ley de Abreviación Procesal Penal incluye la creación de una oficina gestora para facilitar la notificación a las partes procesales y custodiar las pruebas de las audiencias judiciales, informó ayer la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero.
«La Oficina Gestora de Procesos es la que va a ordenar las notificaciones, la custodia de las pruebas y todo el sistema de notificaciones y de registro audiovisual de las audiencias», dijo.
Ese proyecto de ley, que comenzará a debatirse desde este jueves, en la Cámara Baja de la Asamblea Legislativa Plurinacional, busca que todas las audiencias sean orales y, de esa manera, acabar con la retardación de justicia.
«Todo va a ser oral, se va acabar el memorial, que es una de las principales distorsiones del proceso (…). Alguien demanda algo, pide una audiencia, en la audiencia se decide, en la audiencia se notifica de lo que va a pasar la siguiente vez», explicó Rivero.
El proyecto de Ley de Abreviación Procesal Penal involucra la modificación al Código de Procedimiento Penal para reducir los casos de detención preventiva y para que la privación de libertad se aplique sólo cuando se demuestre el peligro de fuga y de obstaculización de los procesos.
De acuerdo con Rivero, la futura norma prevé «un catálogo de medidas cautelares vigentes y otras nuevas que puede ser perfectamente aplicadas, entre ellas la detención domiciliaria, ciertas prohibiciones (…), hasta vigilancia electrónica a través de manillas electrónicas».
En Bolivia existen unas 19.161 personas privadas de libertad, el 68% son detenidos preventivos, según datos oficiales.
«La detención preventiva en recinto carcelario tiene que ser la última instancia y sólo se la puede poner por un tiempo determinado», subrayó la legisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS).