Una actitud torpe, irreflexiva y de alto riesgo se está manifestando en contra de las Fuerzas Armadas y la Policía desde sectores políticos del oficialismo. La andanada con demandas judiciales contra los militares y policías se ha pasado del marco legal, al ejercer un hostigamiento político. Se trata de una persecución con claras inclinaciones partidarias, bajo argumentos que no resisten ningún análisis responsable y serio. Varias instituciones y personalidades se pronunciaron señalando que las FF.AA. salieron en defensa de la ciudadanía en general, que era víctima de agresiones y atentados.
Además, argumentan que actuaron por disposición de un gobierno transitorio legítimamente constituido, frente al vacío de poder que dejó la renuncia y fuga de los gobernantes de turno, después de descubierto el fraude electoral, comprobado por la Organización de Estados Americanos (OEA). Actuaron para impedir que se materialice la «guerra civil» a la que incitaban los grupos violentos claramente identificados. Efectivamente, existen abundantes vídeos que muestran como las hordas violentas se lazaban gritando «guerra civil», atacando y amedrentando a la gente, comercios y bienes públicos y privados. Se han incendiado viviendas de políticos, dirigentes y periodistas. Se ha incendiado y destruido a buses municipales y se atacó la planta de YPFB que tiene depósitos de combustibles y almacena el gas licuado. De no haberse frenado ese intento las consecuencias podían haber sido catastróficas. Hay ejemplos de otras latitudes donde explosiones de terminales de combustibles generaron centenares de muertes y daños materiales de gran consideración. Han capturado a gente armada en los bloqueos y hasta un miembro de las FARC, pero nada de esto se toma en cuenta, todo lo contrario, se ha liberado a los responsables de estos hechos, y se está enjuiciando a los defensores de la ciudadanía.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), llamó a la sociedad civil a defender a la Policía y Fuerzas Armadas, que -según afirmó- «salieron a defender al pueblo» en los acontecimientos de 2019. Emitió un pronunciamiento público, en el que señala que la (APDHB), «representada legalmente por María Amparo Carvajal, convoca a todos los defensores y defensoras de derechos humanos a nivel departamental y nacional y toda la sociedad civil en general a elevar nuestro grito por la defensa en favor de la Policía y de las Fuerzas Armadas, pidiendo se respete nuestra constitución y todas las leyes a favor de estas instituciones». La Asamblea de Derechos Humanos reclama a la justicia «para que sea también parte de este grito y respete los derechos humanos de todos los afectados por esos acontecimientos de octubre de 2019».
Debido al inicio de juicios y aprehensiones, el Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) anunció que se suma al apoyo a las fuerzas de orden, y respaldó a los ex comandantes militares y policiales que actualmente enfrentan procesos por hechos de violencia y «un supuesto golpe de estado» Conade argumenta que durante los conflictos de 2019 estas instituciones actuaron para defender el estado de derecho y a la población. Esa institución que aglutina a entidades defensoras de la democracia, señala que los miembros de las fuerzas del orden en 2019, no solamente acudieron en defensa de la población, sino que su intervención fue para preservar la vigencia de la Constitución Política del Estado, el estado de derecho, la democracia, que se encontraban bajo serio riesgo.
No es casual la escalada que se está dando contra las instituciones nacionales de la seguridad, ya que en diferentes ocasiones las autoridades del gobierno han lanzado insinuaciones fuera de lugar sobre el rol de estas instituciones. Hasta se ha llamado a los jóvenes del Chapare -en una extraña intervención de Juan Ramón Quintana-, instando a la población del trópico cochabambino a «movilizarse e indignarse» para transformar la «mentalidad colonial» de las Fuerzas Armadas, la Policía y el sistema de justicia. Agregó que depende de los pobladores del trópico de Cochabamba cambiar a estas instituciones. También dijo que desde el Chapare, el altiplano y el norte de Potosí se tiene que empezar a «cultivar una nueva conciencia» para las fuerzas del orden público.
La recuperación de la democracia y el sometimiento de los militares al poder civil ha sido producto de una larga lucha del pueblo boliviano. Pero durante el anterior gobierno del MAS presidido por Evo Morales, se intentó ideologizar al brazo armado del país. Evo Morales, en varias oportunidades instó a los comandantes castrenses a «ideologizar» a las Fuerzas Armadas con una visión anticolonialista y antiimperialista. En determinado momento fue más allá y calificó como socialista a la institución armada.
El gobierno, los políticos y los jefes militares, deberían tomar en cuenta el mandato de «asegurar el imperio» de la Constitución Política del Estado, que en su Art. 245, dispone que «la organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y reglamentos militares. Como organismo institucional, no realiza acción política…» Politizar al Ejercito es un grave error que la democracia y el país lo tendrían que sufrir más temprano que tarde.