Al colapso del sistema de salud pública se sumó el cierre intempestivo del sistema educativo, mientras la economía sigue en debacle y la política arrastra al país hacia situaciones delicadas. Principal componente de esta situación es sin duda la epidemia del coronavirus que ha trastocado todas las actividades y la vida misma de la gente, de los gobiernos y las instituciones.
Esta realidad no salva de responsabilidad a quienes en el pasado inmediato -gobierno de Morales- ni a los actuales, por haber omitido preparar al país para una emergencia, y las actuales por extraviarse en sus intentos por solucionar la andanada de problemas.
Al presente, preocupa a toda la ciudadanía la situación de la educación, que con la determinación del gobierno de clausurar el año escolar, ha creado un problema adicional de muy difícil solución. La forma como se presentaron los hechos demuestra ausencia de planificación, coordinación, seguridad y certeza en lo que se decide.
En primera instancia se anunció la clausura del año escolar 2020 de los niveles inicial, primario y secundario, tanto de los colegios fiscales, como privados y de convenio. Se aclaró que los estudiantes pasan de otro grado de forma inmediata y «no habrá reprobación de curso».
Se dijo además, que se ha instruido a las unidades educativas a cumplir con los trámites administrativos durante el resto del año 2020. Se hizo conocer que de forma paralela el Ministerio de Educación, Deportes y Cultura continuará fortaleciendo la formación, capacitación y desempeño de los maestros para el manejo de los recursos educativos de la modalidad a distancia y virtual.
El «argumento para la clausura», fue principalmente porque los niños del área rural no tienen internet, y el sistema de fibra óptica sólo llega a las ciudades.
Pero según portavoces del Ministerio de Educación, «la clausura responde a la actitud de los dirigentes de los maestros que se negaron a dialogar con el Gobierno y adoptaron actitudes amenazantes de toma de instituciones».
Para la presidente Jeanine Áñez, la decisión de clausurar la gestión escolar 2020 fue para preservar la salud de los niños y jóvenes y evitar que los contagios por coronavirus se disparen.
Víctor Hugo Cárdenas, explicó que el cierre del año escolar no significa «el cierre de todo tipo de educación» y que continuarán las clases virtuales y a distancia. «No habrá clases presenciales, pero sí virtuales y a distancia».
Según el ministro, los colegios particulares y fiscales que ya estaban implementando la educación virtual o a distancia, así como las unidades educativas que tengan la posibilidad de implementarlo, pueden seguir haciéndolo. Además, sugirió que «los dueños de establecimientos privados, directores y padres de familia tendrán que reunirse para llegar a un acuerdo de cómo se seguirá con la educación durante esta gestión». Los padres de familia ya anunciaron que no pagarán más pensiones.
Probablemente el gobierno tenga clara la situación, pero es seguro que los maestros, estudiantes, padres de familia y el resto de la población han quedado confundidos.
Una determinación contradictoria de esta naturaleza no puede perdurar. Cerca de tres millones de alumnos esperan una solución, y el Gobierno como las autoridades sectoriales están obligados a trabajar por la educación. Parece que está faltando voluntad política y calidad ejecutiva para tender líneas de contacto entre los sectores involucrados, de manera que se facilite la comprensión de la situación por las partes, y se logre armonizar una predisposición a ceder y buscar un equilibrio favorable a la juventud estudiosa y a la economía de los padres, fortaleciendo medidas de prevención y protección de salud pública, mucho más para el sector estudiantil.
Cuando comenzó el conflicto se sugirió tender líneas de acción entre todos los sectores involucrados para salvar el año escolar o diseñar alternativas que impliquen el menor perjuicio a los alumnos. Lamentablemente, parece que la presión de la secuela del coronavirus, que no deja sano a ningún sector, ha sido demasiado pesada para permitir una salida esclarecida. La crisis económica, política, social y sanitaria obliga a una gran coordinación para encontrar soluciones armoniosas con la realidad, y con el mandato constitucional de que la educación es la primera responsabilidad del Estado.