El mes de la Patria ha comenzado en un ambiente de confrontación, desacuerdos y frustraciones. No es que en otros agostos se hubiese visto el resplandor del progreso, el éxito, la concertación o el esfuerzo para que todos llevemos al país hacia el mismo destino, pero nunca como ahora las desviaciones ponen en riesgo toda esperanza, y el horizonte se presenta tan sombrío, con vaticinios pesimistas que van desde el peligro para la economía hasta la catástrofe sanitaria, pasando por aprestos y amenazas para convulsionar al país.
Los datos alarmantes que presentan los entendidos en salud pública, economía o política, en nada aminoran las animosidades que ven los riesgos en un plano secundario, y en todo caso dan paso a la irracionalidad, con acciones suicidas, entre ellas, pretender bloquear carreteras, lo que significa privar a la población del abastecimiento de productos alimenticios, medicamentos, y productos esenciales.
Aunque el gobierno minimiza la capacidad de convocatoria de los dirigentes de la COB y los aliados del MAS, para que cumplan su amenaza de paralizar al país, el solo hecho de los anuncios inquieta a la población y alienta la especulación. Más aun cuando permite que pequeños grupos alteren el orden público o bloqueen el acceso a los botaderos de basura. Los inadaptados que salieron en una marcha y un cabildo la semana pasada, ocasionando destrozos y atropellos.
Felizmente, los trabajadores en general, los campesinos, comerciantes y gremiales y transportistas han rechazado la movilización. Pretender perpetrar paros, bloqueos, y acciones hostiles en momentos en el que el país sufre una epidemia de coronavirus que ha causado la muerte de más de tres mil personas, y hay aproximadamente 80 mil contagiados, es sin duda, un atentado criminal que merece repudio y la aplicación de la Ley.
Los científicos han pronosticado un panorama preocupante que solamente puede ser mitigado con responsabilidad de autoridades y de la población en general.
El presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, Adrián Ávila, teme que se desate una «catástrofe» afectando a un alto porcentaje de la población. Advierte que en casi todo el país han colapsado los hospitales, a lo que se suma la insuficiente cantidad de Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Cada vez hay menos médicos porque muchos están aislados. Hay quejas de las organizaciones de profesionales de la salud por el hecho de que no existen previsiones para un centro donde se atienda al personal de sanidad. Parece que la clínica privada que atendía al expresidente Evo Morales sería destinada para este fin, pero hay centenares de médicos, enfermeras, personal especializado y trabajadores de apoyo que fueron contagiados. Hay escasez de personal para atender la emergencia.
Ante la imposibilidad de encontrar espacio en hospitales la gente se automedica en sus domicilios, en el mejor de los casos mediante alguna orientación por las redes sociales, lo que elevó la demanda de equipos y oxígeno, y como consecuencia ya no se consigue estos productos. La especulación hizo subir los precios ante la enorme demanda. Recién el gobierno está «facilitando» la importación de estos equipos y oxigeno medicinal.
Desgraciadamente ya ha pasado la oportunidad y el tiempo de dotar al país de centros hospitalarios, equipos médicos, material de bioseguridad, camas y unidades de terapia intensiva, además de medicamentos y otros factores imprescindibles para atender la emergencia. Los centros de atención fueron rebasados en su capacidad, y la responsabilidad de esta situación recae fundamentalmente en el anterior gobierno que abandonó al sistema de salud del país, pero también a las actuales autoridades nacionales, departamentales, municipales y sectoriales que no han sabido reaccionar a tiempo ni adoptar las medidas necesarias, pese a que se pudo ver la experiencia en otras latitudes donde primero se dieron los contagios de COVID-19, con una expansión y progresión que alarmó a todo el planeta. Hoy la impotencia, preocupación y vulnerabilidad de la población contrastan con la pasividad de algunas autoridades, la irresponsabilidad de algunos sectores sociales reacios a comprender la magnitud de la tragedia, y la hostilidad política que busca intereses sectarios antes que asimilar la situación de toda la población.
(*) Ex Presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz.