La agencia Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings rebajó sus calificaciones crediticias soberanas de largo plazo de Bolivia, de ‘B-‘ a ‘CCC+’ con una «perspectiva negativa» debido a «mayores vulnerabilidades externas», un análisis que fue criticado este jueves por el gobierno de Luis Arce.
La agencia también bajó la calificación de corto plazo de ‘B’ a ‘C’ y revisó su evaluación de transferencias y convertibilidad de ‘B-‘ a ‘CCC+’, según un comunicado de prensa difundido en su página web.
La calificadora justificó la decisión ante «la disminución de las exportaciones» bolivianas, sus «limitadas» reservas internacionales netas (RIN), «los altos déficits fiscales y la escasa transparencia sobre los activos del Banco Central» de Bolivia (BCB), que «están aumentando los riesgos para el servicio de la deuda» del país.
También consideró que «el estancamiento político y un congreso dividido están limitando el margen de maniobra del Gobierno, planteando dudas sobre su capacidad para asegurar el acceso oportuno a la financiación externa».
«Los desacuerdos políticos, incluso dentro de la coalición gobernante, han debilitado la capacidad del Gobierno para asegurar financiamiento externo y frenar la erosión de su perfil externo», mencionó S&P.
La «perspectiva negativa» supone una posible nueva rebaja de la calificación en los próximos 12 meses «si un mayor debilitamiento de la liquidez externa afecta la capacidad del Gobierno» para pagar oportunamente el servicio de la deuda, añadió.
Por contra, la calificación podría subir en los próximos 12 meses si la agencia ve «medidas políticas decisivas que impulsen la confianza de los inversores y reviertan el reciente empeoramiento del perfil externo del país».
Estas medidas deberían incluir acciones para conseguir un acceso «mejor y oportuno» a la financiación externa y «corregir» los déficits fiscales, además de una «mayor transparencia en los datos económicos clave».
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, criticó que el análisis de S&P no tome en cuenta indicadores que, a su juicio, demuestran que la economía boliviana «está creciendo».
«Tenemos una inflación relativamente estable, tenemos crecimiento económico, el mercado laboral está dinámico (…), hay un descenso del desempleo y mayor participación del mercado laboral, hay presupuesto adicional que viene porque la economía está creciendo», sostuvo.
El ministro señaló que estos «son elementos que la calificadora no los pondera de manera importante, cuando en el mundo hoy hay un entorno internacional de alta volatilidad e incertidumbre».
Montenegro consideró importante que el análisis de S&P mencione entre otros argumentos para la baja calificación los «problemas políticos», el «boicot y el bloqueo» a la gestión económica del gobierno de Arce desde el Legislativo.
«El pueblo boliviano también es testigo de que se hace un bloqueo permanente y ralentización de la aprobación de normas que podrían dar otros resultados a la economía nacional», manifestó.
Las tensiones internas en el Movimiento al Socialismo (MAS) surgidas a fines de 2021 por diferencias entre los sectores cercanos al presidente Arce y los leales al exmandatario y líder del oficialismo Evo Morales se han reflejado también en el Parlamento, donde surgieron bloques de legisladores «arcistas» y «evistas».
El Gobierno de Arce ha acusado varias veces a los «evistas» de sabotear su gestión junto a la oposición al frenar o demorar la aprobación de créditos externos o una ley para fortalecer las RIN mediante la compra directa de oro a productores locales.