Cada vez es más difícil que la ciudadanía acceda a información veraz sobre la administración de los recursos del Estado y pueda conocer lo que el gobierno central, las gobernaciones, los municipios y las entidades del Estado hacen con los recursos públicos. Pese a que existen normas que obligan a informar sobre la gestión pública, lo que se conoce es solo la versión oficial, y muy poco de la realidad. Un manto de opacidad cubre el estado de las finanzas públicas, de las reservas del país o de las existencias. En democracia, se considera a la transparencia como una obligación en la actividad pública que consiste en el libre acceso a la información sobre la gestión institucional. Una de las características de un Estado democrático es la obligación de todos los poderes públicos y de las empresas e instituciones dependientes del Estado, de dar cuenta a la ciudadanía de todos sus actos, especialmente del origen y el destino de los recursos públicos, y así prevenir, detectar y sancionar los casos de incompetencia y de corrupción.
La accesibilidad a información es un factor determinante para que los organismos destinados a la fiscalización, la ciudadanía, los medios de comunicación, y cualquier ciudadano se interese en lo que el Estado hace, cumple u omite. Inclusive, la transparencia es el medio para que se puedan comprender mejor las decisiones de los gobiernos, o la vía para reconocer errores o mala praxis. El gobierno del MAS, cuando llegó al poder, anunció una política de transparencia, definiendo su decisión como «un diálogo auténtico y responsable entre gobierno y sociedad, que se desarrolla en un ambiente ético y de confianza, para establecer compromisos orientados al logro del bienestar común y que como proceso demanda cambios políticos, sociales e institucionales». Reconocía que «es un derecho fundamental de las personas a conocer el manejo de la cosa pública. Propugnaba «cero tolerancia a la corrupción».
¿Cómo está la transparencia en la administración del Estado a 17 años de esos anuncios? Hasta hace algunos años se publicaban permanentemente los datos de las Reservas Internacionales Netas, que llegaron a más de 16 mil millones de dólares, así como otros indicadores económicos que mostraban el aumento de las exportaciones de hidrocarburos así como el superávit en el comercio exterior. Pero desde 2012, cuando comenzaron a disminuir los ingresos debido a la baja en las cotizaciones del petróleo -que definían el precio del gas natural-, y la baja en la producción de petróleo y gas, comenzaron a escasear las informaciones confiables. No se hizo más certificación de las reservas de hidrocarburos, y los informes de las autoridades decían que Bolivia estaba sobre un mar de hidrocarburos. Los analistas especializados, investigadores, y medios de comunicación expresaron preocupación por la falta de información confiable y recogieron datos desde los trabajadores de YPFB, revelando que se estaban cumpliendo las advertencias de que, si no se hacían trabajos de exploración petrolera, las consecuencias serían funestas. Se estaban agotando los campos de hidrocarburos, se tuvo que volver a la importación de combustibles y ya era difícil cumplir los contratos de exportación de gas a Brasil y Argentina.
Se llegó a 2019 con las RIN más bajas de toda la historia económica del país. El despilfarro había llevado al desastre actual. Ahora, ya no se publican datos sobre las Reservas Internacionales Netas, lo último que se supo es que estaban por los tres mil millones de dólares, y que se decidió vender el oro físico del Banco Central. Antes, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) publicaba en su página web los volúmenes de exportación de gas natural a mercados de Argentina y Brasil, ya ese dato también desapareció. Durante la euforia de los altos precios del gas, el gobierno se jactaba del nivel del Producto Interno Bruto (PIB). Ahora se calla. La producción de oro, cuyos datos tampoco se conocen con exactitud, se ha vuelto una veta para el gobierno, sin medir consecuencias. Se aprobó un Reglamento de la Ley del Oro, en el que el Banco Central deposita su esperanza para comprar cinco o más toneladas del metal precioso en lo que resta del año para fortalecer las Reservas Internacionales. Se espera comprar 10 toneladas anuales. Realmente, «la necesidad tiene cara de hereje», es decir, no importan los medios ni formas para conseguir algo, cuando la carestía aprieta. Se intenta reponer el oro vendido no importa como se lo obtenga. Las autoridades buscan ingresos por cualquier medio, aunque estos sean atentatorios al medioambiente, sean depredadores o ilegales, y hasta contradictorios con las medidas que se adoptan. Se anuncian determinaciones para frenar la minería ilegal del oro, pero se incentiva su producción. Hace poco, las denuncias del uso de mercurio en la explotación de oro, y los daños que ocasiona tanto a la salud como al medioambiente, motivaron al gobierno a aprobar una norma para regular el uso del mercurio. Se trata del Decreto 4959, aprobado en junio pasado, que busca regular el uso de ese producto y reducir el impacto en el medio ambiente. Pero ahora negocia con los cooperativistas la explotación sin que se impongan medidas ambientales.