Una propuesta oficialista para disminuir la superficie legal de hojas de coca en el Trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical del expresidente Evo Morales, abrió un nuevo frente de tensión dentro del Movimiento al Socialismo (MAS).
El tema fue planteado por el diputado oficialista Freddy Velásquez, a quien los medios identifican con la facción «arcista» del MAS o cercana al presidente Luis Arce, que en los últimos días anunció un proyecto para modificar la Ley 906, Ley General de la Coca de 2017 y disminuir la superficie de plantaciones legales en el Trópico de Cochabamba.
Velásquez, que preside la Comisión de Gobierno de la Cámara Baja, justificó su propuesta en los informes de organismos internacionales que, según dijo, señalan que la mayoría de la producción de hojas de coca del Trópico no pasa por mercados legales.
«Vamos a presentar un proyecto de ley modificando la ley 906 para ver que nuestra sagrada hoja de coca vaya al consumo y para otros fines más lícitos que ilícitos», señaló.
Según el parlamentario, los cocaleros del Trópico, cuyo máximo líder sigue siendo Morales, deben demostrar «cuánta cantidad de coca necesitan para comercializar» para fines lícitos y «no para el narcotráfico».
El presidente del Senado, el también oficialista Andrónico Rodríguez, de la facción «evista» o cercana a Morales, afirmó este martes que la Ley 906 «no es regalo de nadie» y se consiguió mediante la «lucha acumulada de los sectores sociales, principalmente del Trópico de Cochabamba».
«Por tanto, no es viable de ninguna manera alguna propuesta en este momento (…) de reducir hectáreas de coca en el Trópico o aumentar en La Paz. Es un tema que amerita una discusión, análisis y evaluación muy profunda internamente», manifestó Rodríguez, que también es dirigente cocalero del Trópico de Cochabamba.
El senador aseguró que la Ley de la Coca estableció «de manera expresa» 7.700 hectáreas para el Trópico y 14.300 para la zona subtropical de Los Yungas de La Paz
Defendió que desde que se definió la «conciliación para racionalizar» la hoja de coca, es decir, para destruir las plantaciones ilegales, se redujo la superficie, aunque reconoció que aún hay un «excedente».
Instó a los diputados y dirigentes de Los Yungas a no caer «en el juego de acusaciones entre hermanos del mismo rubro» y más bien pensar en mejorar las condiciones del sector.
La hoja de coca está consagrada en la Constitución vigente desde 2009 por sus usos tradicionales y medicinales, pero una parte de la producción se desvía al narcotráfico.
En 2017, durante el Gobierno de Morales, el país amplió la superficie de los cultivos legales de 12.000 a 22.000 hectáreas.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) estableció en su informe anual presentado en noviembre del año pasado que los cultivos de hojas de coca se incrementaron en Bolivia en un 4 %, de 29.400 hectáreas en 2020 a 30.500 hectáreas en 2021.
El Ejecutivo presentó sus propias cifras que indican que la superficie disminuyó un 0,7 %, alegando diferencias «metodológicas» con la Unodc.
La nueva tensión en el oficialismo surge en medio de otra por las constantes críticas de Morales y sus seguidores al manejo de la lucha antidrogas por parte del Gobierno de Arce, al que acusan de una supuesta protección al narcotráfico, lo que ha sido negado por las autoridades.