La ONU insta a los gobiernos a tomar medidas para garantizar la participación de las mujeres en la actividad política y el ejercicio de funciones públicas, en la jornada anual de debate sobre los derechos fundamentales de la mujer, en la que se propuso «tolerancia cero» ante la violencia de género en la vida pública y política. Coincidentemente, la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL), y la Defensoría del Pueblo revelaron que desde la gestión 2018 a junio 2023 se registraron 600 casos de acoso y violencia política en nuestro país. Informaron que la alianza estratégica entre estas dos entidades permitió establecer que el índice de casos de estos delitos contra las mujeres registró un aumento del ocho por ciento, entre 2022 y 2023.
Estos datos fueron revelados durante la Primera Cumbre Nacional de Mujeres Autoridades y Lideresas Políticas, denominada: «Unidas por el respeto de nuestros derechos», que se desarrolló en la ciudad de Cochabamba. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en el desarrollo de la Cumbre mencionó que existen 500 denuncias de acoso y violencia política en el Ministerio Público, pero sólo tres, de estos casos, tienen sentencia y, a modo de reflexión, señaló que «los efectos y resultados de la aplicación de la Constitución y la normativa probablemente aún son débiles», por lo cual remarcó la importancia de evaluar la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
Explicó que, entre los avances sobre la problemática, la Defensoría del Pueblo publicó hace un mes el informe defensorial «Obligadas a renunciar», que evidencia el uso de recursos como los Compromisos Forzosos de Gestión Compartida (CFGC) como nueva modalidad de acoso y violencia política, además, visibiliza como las mujeres autoridades son privadas de sus salarios, o son víctimas del uso de poderes notariales para hacer que renuncien a sus cargos. También se informó que, respecto a la generación de herramientas necesarias para prevenir el acoso y violencia política en los municipios, se suscribieron 152 convenios con los gobiernos municipales para fortalecer la capacidad de atención de casos; se impartieron talleres en 106 municipios para promover la protección a las víctimas; y en 84 gobiernos municipales, se gestionó la implementación y fortalecimiento de equipos de grabación de audio y video. También se informó que se impulsó la elaboración y puesta en vigencia de reglamentos y comisiones de ética en 172 gobiernos municipales.
La violencia política contra las mujeres es un problema que la ONU llama a desterrar. El Alto Comisionado Para los Derechos Humanos, Volker Turk, pide tomar medidas para garantizar la participación segura de las mujeres y las niñas en la esfera pública y en la toma de decisiones. Reforzar los marcos jurídicos, establecer cuotas parlamentarias, reformar el sistema educativo, reducir la brecha digital y brindar protección social para un reparto equitativo de los cuidados y el trabajo doméstico son algunas de esas medidas. Pidió a los Estados y al Consejo de la ONU tomar medidas para eliminar la violencia de género en la esfera pública y política. Sin embargo, el Alto Comisionado recordó que, a pesar de que se han logrado avances en la participación pública y política de las mujeres, persisten barreras importantes. «Si queremos desmantelar el patriarcado, tenemos que desmantelar estas barreras», señaló.
Explicó que aquellas que participan en la toma de decisiones son agredidas por los que consideran que su trabajo desafía las nociones tradicionales de familia y género o las normas sociales tradicionales. Ataques sexistas, sexualizados y misóginos que intentan silenciar sus voces y producir daños físicos y psicológicos. «Su propósito es claro: ejercer el control, perpetuar la subordinación y aplastar el activismo político y sus aspiraciones».
Un estudio de ONU Mujeres, realizado recientemente en 39 países reveló que el 81,8% de las mujeres encuestadas en los parlamentos han sufrido violencia psicológica; el 44,4% amenazas de muerte, violaciones, palizas y secuestros; y el 25,5% violencia física. Otra investigación reciente de la UNESCO estima que el 73% de las mujeres periodistas han sufrido violencia en línea, incluso a través de noticias falsas o imágenes trucadas, y amenazas y ataques verbales directos. Así, el Alto Comisionado abogó por un profundo cambio sistémico, en el que se refuercen los marcos jurídicos nacionales para proteger a las mujeres de la violencia, tanto en línea como fuera de ella. «Es fundamental centrarse en la prevención. Debemos adoptar códigos de conducta con tolerancia cero frente a la violencia de género y establecer mecanismos eficaces de denuncia para quienes la sufren», declaró Türk. Según el Alto Comisionado, otras medidas necesarias son el establecimiento de cuotas en la esfera política, la creación de campañas de sensibilización para promover su participación y el desarrollo de capacidades para aumentar su capacidad electoral. También pugnó por incentivos económicos, medidas de protección social y campañas para promover un reparto más equitativo del trabajo doméstico y de cuidados.