Este próximo 24 de junio la Policía celebrará 195 años de su creación, bajo el signo de una profunda crisis institucional que afecta su desempeño, debilita la seguridad ciudadana y el respeto a las normas legales. Una serie de situaciones han colocado a la institución del orden frente al asedio político y a una fractura interna, dejando su imagen bajo signos de interrogación, con señales de corrupción, intromisión política, amotinamiento y otras acusaciones que están derivando en procesos judiciales. Para colmo de males, el coronavirus ha hecho estragos en sus filas al ponerse al servicio de la comunidad.
Los policías se consideran perseguidos y acosados por el gobierno, mientras su institucionalidad ha sido vulnerada con nombramientos interinos que no respetan las normativas. Algunos policías consideran que no hay nada que festejar frente a la actual situación, mientras el gobierno anuncia la aprobación de una nueva norma policial. Está en la Asamblea Legislativa un proyecto de «Ley de carrera de generales y de ascensos de la Policía Boliviana». El comandante general Jhonny Aguilera, informó que el proyecto de ley fue elaborado por una comisión conformada por representantes de todos los estamentos de la institución, y presentado a la ALP por intermedio del Ministerio de Gobierno. La nueva norma se compone de 38 artículos, cuatro disposiciones transitorias, una disposición final, dos abrogatorias y dos derogatorias.
En ese ambiente, es comprensible que el aniversario pase como un recordatorio que permite recoger experiencias antes que ánimos festivos. Es evidente que hay una actitud torpe, irreflexiva y de alto riesgo en contra de las Fuerzas Armadas y la Policía desde sectores políticos del oficialismo. Las demandas judiciales contra los militares y policías se han pasado del marco legal, al ejercer un hostigamiento político. Se trata de una persecución con claras inclinaciones partidarias, bajo argumentos endebles y sugestivos sobre los actos de los uniformados producidos durante los sucesos de 2019 y 2020.
Lo cierto es que la Policía fue rebasada por una andanada de acciones en contra de la ciudadanía por grupos de exaltados que cometieron serie de delitos, ataques a instituciones públicas y privadas. Puestos policiales fueron atacados y quemados por grupos violentos claramente identificados. Un grupo de policías protestó en una actitud que ha sido considerada como un motín, que luego recibió respaldos. Posteriormente, cuando asumió el gobierno de transición, y la policía no podía contener los desbordes, por disposición del gobierno constituido, las FF.AA. movilizaron patrullas para resguardar las principales instituciones estratégicas y apoyaron a la policía para desbloquear carreteras.
Frente a esos hechos, los uniformados consideran que están siendo perseguidos por haber cumplido su deber y órdenes superiores. Existen abundantes vídeos que muestran como las hordas violentas se lazaban gritando «guerra civil», atacando y amedrentando a la gente, comercios y bienes públicos y privados. Se han incendiado viviendas de políticos, dirigentes y periodistas. Se ha incendiado y destruido a buses municipales y se atacó la planta de YPFB que tiene depósitos de combustibles y almacena el gas licuado. De no haberse frenado ese intento las consecuencias podían haber sido catastróficas.
En los operativos para desbloquear carreteras se ha capturado a gente armada y hasta un miembro de las FARC, pero nada de esto se toma en cuenta, todo lo contrario, se ha liberado a los responsables de estos hechos, y se quiere enjuiciar a aquellos que defendieron al país, y a la ciudadanía. Cuando comenzaron las detenciones de uniformados, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), se pronunció y llamó a la sociedad civil a defender a la Policía y Fuerzas Armadas, que -según afirmó- «salieron a defender al pueblo» en los acontecimientos de 2019. La Policía es una institución que merece respeto. Puede haber miembros que equivocaron el camino, y si es así, es deber del Estado apelar a la justicia, pero respetando el ordenamiento legal y el debido proceso, que en la actual coyuntura han sido olvidados.