«El presidente Martín Vizcarra ha sido citado por el fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato, para rendir su declaración (el 3 de noviembre 2020) por la investigación del caso «Club de la construcción», señalan informaciones procedentes de la hermana república de Perú.
Dicho mandatario afirmó que cumplirá con la citación y se apersonará a las instancias legales correspondientes, dejando vacancia presidencial cual determina la Constitución Política de Perú.
En pleno ejercicio de la democracia participativa, incluyente, investigadora y de perseverancia en búsqueda de la verdad histórica de los hechos contra quienes ocuparon y ocupan funciones de servidores públicos, desde el presidente hasta el sereno de los ministerios, en Perú, se está emitiendo un mensaje claro de cómo los mandatarios en ejercicio pueden y deben ser convocados para que rindan cuentas de sus actuados por ante el ministerio público y jueces de competencia.
«Por el alto cargo que ostenta, el mandatario deberá comunicar -en el plazo más breve- el lugar dónde prefiere dar su declaración y deberá estar acompañado de manera obligatoria por su abogado» añade las informaciones.
El por qué se convocó al Presidente de la Republica de Perú? Porque se dio a conocer que «aspirantes a colaboradores (con la justicia) declararon que el presidente Vizcarra Cornejo recibió pagos ilícitos cuando era Gobernador Regional de Moquegua para otorgar la buena pro del Hospital Regional y Lomas de Ilo». Los montos ascenderían a 2 millones 300 mil soles. El fiscal Germán Juárez «notificó el inició de las pesquisas contra el presidente por los delitos de cohecho, colusión y asociación ilícita para delinquir». La citación tiene carácter de «inaplazable».
«El fiscal Juárez citó a los funcionarios de las empresas ICGSA, Incot y del consorcio Obrainsa-Astaldi para que declaren. También por el caso Lomas de Ilo a Giacomo Orsatti, representante de Astaldi; a Tobías Puerta, Donato Eyes y Venancio Castañeda, conserjes vinculados al consorcio Obrainsa-Astaldi; y a Ricardo Descailleaux, de la empresa Aerotransporte S.A. (ATSA). Mientras que por el caso Hospital Regional de Moquegua, han sido llamados a declarar Javier Jordán, gerente técnico de ICCGSA, y Jorge Iturrizaga, representante de Incot».
Viene a colación lo citado porque se demuestra que más allá de las fronteras físicas territoriales, está el cumplimiento de citaciones ante los órganos que representan la independencia de Poderes.
La señal que irradia el presidente peruano, es digna de encomio y sienta jurisprudencia internacional, porque no se acoge a tramites leguleyos o de chicanera del mundillo del litigio, menos se ampara en su condición de mandatario.
Su aporte, mediante su declaración, servirá para que se aclare su participación en los casos precedentes y se convoque a careos con gerentes o personeros legales de las empresas que se señala fueron parte de los hechos calificados como delictivos.
¡Que grandeza de espíritu del citado dignatario de Estado!, contrasta con la posición adoptada por la expresidenta y actual vicepresidenta de la Argentina Cristiana Kirchner, que hizo lo imposible por acogerse a la impunidad, mediante inmunidad parlamentaria, para no ser encarcelada por haber sido sindicada de haber hecho abuso de la investidura de presidenta y haber ejercitado tráfico de influencias para fines ajenos al mandato otorgado por el pueblo argentino.
Son dos polos opuestos, el primero, el del presidente Martin Vizcarra Cornejo, encomiable, que significa respeto al Órgano Judicial y a los representantes del Ministerio Público y la segunda el descaro y prepotencia para resistir que se sepa la verdad y condena que más temprano que tarde le llegara.
La vindicta pública internacional siente que el sistema democrático se fortalece con las conductas y actitudes de quienes están en el deber de rendir cuentas no solo en determinadas fechas, sino cuando también sean cuestionados por haber ejercido puestos de decisión política, las cuales no prescriben o por lo menos así debe entenderse en el caso de Perú.
En pleno ejercicio de la democracia participativa, incluyente, investigadora y de perseverancia en búsqueda de la verdad histórica de los hechos contra quienes ocuparon y ocupan funciones de servidores públicos, desde el presidente hasta el sereno de los ministerios, en Perú, se está emitiendo un mensaje claro de cómo los mandatarios en ejercicio pueden y deben ser convocados para que rindan cuentas de sus actuados por ante el ministerio público y jueces de competencia.
Digno ejemplo de acatamiento a la Constitución y a las Leyes del dignatario de la República de Perú, que debería ser imitado por todos los dignatarios de Estado del cono sur y del mundo.