El Gobierno y las tres fuerzas políticas con representación en el Legislativo nacional acordaron este lunes que una comisión de senadores y diputados elabore un nuevo proyecto de ley para dar curso a las elecciones judiciales que debían realizarse en 2023.
El vicepresidente de Bolivia y presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, leyó ante los medios un «acta de acuerdo para garantizar la ley de elecciones judiciales», firmada por él mismo y los parlamentarios que asistieron a una reunión convocada por el mandatario.
El Gobierno de Luis Arce ha defendido la prórroga y asegura que no es inconstitucional, mientras que el expresidente y líder del MAS Evo Morales (2006-2019), que está distanciado del mandatario, ha criticado la decisión del Constitucional, al igual que la oposición.
Sectores afines al exgobernante cumplen en esta jornada ocho días de bloqueos de carreteras en contra de la prórroga de los magistrados, sobre todo en la región central de Cochabamba.
El descontento de los seguidores de Morales también se debe a una sentencia dictada por el TCP que inhabilita al exmandatario como candidato presidencial, ya que el fallo menciona que la reelección indefinida «no es un derecho humano», un argumento que usó para postular a los fallidos comicios de 2019.
En el encuentro, que se realizó en el edificio de la Vicepresidencia, se acordó «conformar una comisión bicameral y multipartidaria por seis asambleístas, dos por cada organización política, que trabaje en la construcción de una ley consensuada que garantice las elecciones judiciales».
La base del documento será un proyecto de ley que ya fue aprobado en el Senado y también se tendrá en cuenta «todos los aportes de otras iniciativas presentadas» hasta el momento, agrega el acta.
La comisión debe empezar a trabajar este martes y el jueves se prevé una nueva reunión de Choquehuanca con los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) y las opositoras Comunidad Ciudadana, del expresidente Carlos Mesa (2003-2005), y Creemos, del gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
La Constitución vigente en Bolivia desde 2009 introdujo los comicios para elegir cada seis años a las máximas autoridades de los principales tribunales del país con candidatos preseleccionados por dos tercios en el Legislativo.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del MAS para elegir a jueces afines al oficialismo.
Los nuevos comicios debían celebrarse en diciembre de 2023, pero el proceso de preselección de candidatos se trabó en el Parlamento, de mayoría oficialista, ante lo cual, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió prorrogar su mandato y el de otros magistrados para evitar un «vacío de poder».
El Gobierno de Arce atribuye a los bloqueos las muertes de una mujer con problemas de presión arterial que debía trasladarse por carretera desde La Paz hasta Santa Cruz, de un chofer que sufrió un paro cardíaco en un punto de bloqueo y de un bebé que padecía de dengue y que no pudo llegar a tiempo a un hospital para ser atendido.