Bolivia necesita recuperar la armonía para poder enfocar sus esfuerzos a superar la múltiple crisis que sufre en la actual coyuntura, en la que por lo menos cuatro factores impiden que el país trabaje normalmente. Sin duda el principal problema es la salud de la población que sigue acosada por la pandemia que amenaza con una cuarta ola. La segunda crisis es económica, que no permite salir del fondo al que se ha llegado por la mala administración de los últimos años y por el impacto de las restricciones que impuso el coronavirus. El tercer factor es la conflictividad que crece, y la cuarta crisis que parece ser la más profunda, es la política que deteriora todo el andamiaje del país y afecta absolutamente a la mayoría de las actividades debido a que alimenta la confrontación.
Muchas veces el país se ha visto en situaciones críticas por la tensión social y política, pero siempre ha existido algún mecanismo de diálogo y concertación. Pero actualmente no existen los medios facilitadores a los que se podía acudir en el pasado. Contrariamente, la rivalidad se ha acentuado, se han polarizado las tendencias y la pugna se ha centrado en la posición del gobierno que se empeña en agrandar su poder atropellando las normas legales, pasando por encima de la Constitución Política del Estado, y utilizando la justicia como arma política para la represión. El abuso de la detención preventiva y la parcialidad de la justicia han motivado ya críticas de los organismos internacionales, así como observaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los hechos ocurridos en 2019, que entre sus conclusiones afirma que la justicia en Bolivia necesita una reestructuración debido a que adolece de varias deficiencias.
A todo este panorama se suma la confrontación entre dos grupos de activistas que parecen más dispuestos a la discrepancia que a defender ideas. La necesidad de comprender que todos los ciudadanos tienen derecho a expresar sus sentimientos está siendo opacada por la intolerancia y la actitud de grupos que directamente buscan la confrontación. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a manifestarse, efectuar reclamos, o plantear demandas, están en su derecho, pero también deben respetar a quienes piensan diferente.
La polarización se ha intensificado en el país desde que el MAS adquirió una fuerza evidente que le permitió ganar varias elecciones -pero olvidó el derecho de las minorías- y se ha profundizado aún más con el abuso de poder y las transgresiones a las normas legales, situación que afloró en 2019, potenciando a la oposición que logró unir a algunas tendencias. Desgraciadamente, los líderes políticos en lugar de buscar una reconciliación y unir al país en objetivos comunes, que son muchos, se han enfrascado en una lucha sin cuartel por imponer sus posiciones. Se ha olvidado que el país enfrenta muchos problemas, carencias y necesidades, dejando a la población sin la atención que requiere. Las promesas demagógicas o las arengas no pueden calmar las ansias de la gente de vivir en mejores condiciones.
Se han acumulado muchas situaciones tensas que por gravitación afloran y buscan alguna manera de manifestarse. El resultado es un evidente aumento de la conflictividad. Las marchas y reclamos por la libertad de la expresidenta Jeanine Añez, encontraron respuesta de grupos del MAS que se movilizaron para desbaratar las movilizaciones de la oposición. Hubo enfrentamientos que dejaron varios heridos. Antes casi todos los conflictos se concentraban en la sede de gobierno, pero en la actualidad hay movilizaciones en varias partes del territorio. Los cooperativistas auríferos protagonizaron la mayor movilización, y lograron que se les atienda, aunque mantienen su emergencia. Hay problemas en Cochabamba, Potosí y el norte de La Paz. Está en curso una marcha de indígenas en contra de los avasallamientos de tierras en el oriente que se propone llegar a Santa Cruz el 14 de septiembre. La Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey (RBTQ) está en emergencia ante la iniciativa del Gobierno de modificar los procedimientos de la consulta libre para proyectos hidroeléctricos en El Bala y Chepete.
Los cocaleros de los Yungas vuelven a la carga y anuncian movilizaciones para los próximos días. Varios municipios importantes tienen problemas locales que amenazan con agravarse. Entre ellos, La Paz y El Alto confrontan problemas propios que van desde presupuestarios hasta operativos sectoriales, como con los trabajadores y médicos, hasta la exigencia de vecinos por conseguir bonos y ayuda para salir de la situación en que dejó a muchas familias la secuela de la pandemia. Es una situación complicada porque hay un ambiente de hostilidad, y no se ven espacios que imaginen una reconciliación. Son los dirigentes políticos los que ahora deben demostrar su calidad de liderazgo para tender líneas de comunicación y diálogo que disipen la tensión y las animosidades. De mantenerse la actual beligerancia y actitudes de apresto, el riesgo será cada vez mayor de nuevas confrontaciones con imprevisibles consecuencias.