En todo el mundo, las medidas destinadas a luchar contra la trata de personas, especialmente en los países en desarrollo, parecen estar deteriorándose. Las tasas de detección cayeron un 11% y las condenas se desplomaron un 27%, lo que ilustra una ralentización mundial de la respuesta de la justicia penal contra el tráfico y explotación de personas. En Bolivia se registraron 766 casos de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos en lo que va del año 2023. La Defensoría del Pueblo, en su página digital señala que la trata y tráfico de personas es un delito y una de las más crueles formas de violencia y refleja de manera descarnada la decadencia civilizatoria de nuestro tiempo, vulnera derechos como la libertad, la dignidad y la integridad física, psicológica y mental, y afecta especialmente a nuestras niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Los informes deben servir de reflexión a las autoridades, porque sin duda se trata de una falla en el cumplimiento de la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables. La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia en Razón de Género y Juvenil, Daniela Cáceres, llamó a las autoridades e instituciones a redoblar esfuerzos para luchar contra este mal de la sociedad. Según el reporte, hasta el 28 de julio del año en curso en el país, se atendieron un total de 766 casos, mientras que en la gestión 2022 se tuvieron 522, en el mismo período, es decir, que se evidencia un incremento de 244. Todos estos casos fueron atendidos en el marco de la Ley 263 (Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas). Asimismo, informó que la mayor prevalencia de casos está en el departamento de La Paz con 405, seguido de Santa Cruz 119, Cochabamba 105, Tarija 60, Oruro 31, Beni 22, Chuquisaca 13, Potosí 9 y Pando dos casos.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo informó que las denuncias recibidas sobre este delito se han incrementado en 8,1% entre 2021 y 2022. Esta tendencia también se mantiene en las cifras de la Policía Boliviana Nacional que, de acuerdo con sus datos, en 2015 hubo 370 casos y en 2021, 420 casos, lo que muestra un incremento de 13,5%. Los reportes policiales muestran que un 63% de las víctimas son mujeres, y un 28,3% son hombres. Con relación a la edad, un 46% de las víctimas corresponden al grupo etario de entre 11 y 20 años de edad, y el 38,8% son adolescentes.
La ONU, en un informe considera que las crisis mundiales, los conflictos y la emergencia climática están aumentando el riesgo de trata. Los desplazamientos y las desigualdades socioeconómicas afectan a millones de personas en todo el mundo, que quedan expuestas a la explotación de los traficantes. Las personas que no gozan de un estatus legal, que viven en la pobreza, que tienen un acceso limitado a la educación, a la atención sanitaria o a un trabajo digno, que sufren discriminación, violencia o abusos, o que proceden de comunidades marginadas, son a menudo los principales objetivos de los traficantes. En todo el mundo, las medidas nacionales, especialmente en los países en desarrollo, parecen estar deteriorándose.
Las tasas de detección cayeron un 11% en 2020 y las condenas se desplomaron un 27%, lo que ilustra una ralentización mundial de la respuesta de la justicia penal a la trata. La pandemia de covid-19 también alteró las propias características de la trata, empujándola aún más hacia la clandestinidad y aumentando potencialmente los riesgos para las víctimas al hacer menos probable que el delito llegue a conocimiento de las autoridades. De hecho, el 41% de las víctimas que consiguen escapar de su terrible experiencia acuden a las autoridades por iniciativa propia, otra clara señal de que las medidas de lucha contra la trata se quedan cortas. En el contexto de la trata de personas, dejarlas sin atención significa no poner fin a la explotación de las víctimas, no apoyar a las víctimas supervivientes una vez liberadas de sus traficantes, y dejar a determinados grupos vulnerables ante los traficantes.
La pandemia de covid-19 también alteró las propias características de la trata, empujándola aún más hacia la clandestinidad y aumentando potencialmente los riesgos para las víctimas al hacer menos probable que el delito llegue a conocimiento de las autoridades. De hecho, el 41% de las víctimas que consiguen escapar de su terrible experiencia acuden a las autoridades por iniciativa propia, es otra clara señal de que las medidas de lucha contra la trata se quedan cortas. El último Informe Mundial sobre Trata de Personas de la UNODC, hace un llamamiento a los gobiernos, las fuerzas del orden, los servicios públicos y la sociedad civil para evaluar y mejorar sus esfuerzos para fortalecer la prevención, identificar y apoyar a las víctimas, y poner fin a la impunidad.