Un país sin seguridad jurídica está destinado a la violencia lo mismo que un país donde se pierde la seguridad ciudadana, se protege la impunidad y se atropellan los derechos humanos. Nuestro país, desgraciadamente tiene enquistados estos males y pese a las buenas intenciones por restablecer la independencia del sistema judicial, hasta ahora todos los esfuerzos han sido infructuosos, y hasta solo aparentes. Para nadie es un secreto que en Bolivia el poder judicial ha sido copado por el poder político y utilizado para fines perversos. Las instituciones judiciales han perdido su independencia y se han sometido al gobierno de turno. Esta situación ha sido observada por organismos internacionales, denunciada por organizaciones representativas de la comunidad nacional, y vivida día a día por la población.
El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura encomendó a diez expertos internacionales revisar la situación de los derechos humanos en nuestro país. Producto de ese informe se efectuaron una serie de recomendaciones sobre hechos de violencia política, violencia contra la mujer y violaciones a los derechos humanos. El informe observa «la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, evidenciado en procesos judiciales por sedición y terrorismo contra opositores políticos». Recomienda «una reforma urgente del sistema de justicia a fin de garantizar su independencia y el respeto al debido proceso, en particular, adoptando una ley sobre la carrera judicial que garantice la estabilidad profesional, y revisando el proceso de selección, evaluación y remoción de juezas, jueces y fiscales, conforme a criterios públicos y objetivos, basados en el mérito. Se debe garantizar también los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de los órganos de justicia». En su informe, esta dependencia de Naciones Unidas establece que la justicia en Bolivia no es imparcial ni independiente.
No es la primera vez que organismos internacionales y misiones de instituciones del exterior ven la necesidad de reformar el sistema judicial de Bolivia. Tanto misiones de la ONU como de la OEA y de la Unión Europea ya coincidieron anteriormente en esta necesidad. Recordemos el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que formuló 36 recomendaciones al Estado y a la sociedad, dirigidas a temas de reparación judicial y reformas institucionales. El representante de ese grupo, Julián Burger, cuando entregaba en agosto pasado el informe sobre los hechos de violencia política registrados en el país, señalaba que «El GIEI recuerda que la justicia es un derecho de las víctimas, de todas las víctimas. La promoción de una justicia imparcial y desvinculada de interés políticos, es elemento clave para la concretización del principio de la igualdad y para retomar la confianza de la sociedad en las instituciones».
De acuerdo a las fundamentaciones, uno de los objetivos de las recomendaciones sobre la justicia es promover reformas estructurales para superar las serias deficiencias del Estado boliviano para garantizar la independencia y autonomía del Órgano Judicial y del Ministerio Público, y en adoptar la debida diligencia y el debido proceso legal en sus actuaciones. «El primer grupo de recomendaciones llama al Estado a investigar, juzgar y aplicar sanciones a los responsables de los hechos documentados en nuestro informe, y otros similares, todavía no identificados», añadió Burger.
«Algunas medidas concretas para alcanzar el objetivo de justicia para las víctimas en la sociedad boliviana merecen ser resaltadas, una es el establecimiento en la Fiscalía de grupos de trabajo especializados para adelantar las investigaciones», explicó. El representante del GIEI manifestaba que estos grupos deben contar con fiscales e investigadores de dedicación exclusiva, recursos necesarios y autonomía e independencia de gestión. La distorsión que ha sufrido el sistema judicial en nuestro país es una cuestión de responsabilidad nacional que compromete a todos, porque están en juego los derechos civiles, los derechos humanos las garantías a la propiedad privada y las libertades ciudadanas. Sin justicia todos los derechos ciudadanos peligran.