El daño al medioambiente es un crimen condenado por todo el mundo, y expresamente sancionado por la legislación boliviana. Desgraciadamente, atenidos al apoyo político, se perpetran graves atentados que quedan en la impunidad. Fueron más de 15 toneladas de basura esparcidas en un kilómetro por el deslizamiento en el relleno sanitario ubicado en la zona Alpacoma, de la ciudad de La Paz.
Tiene que efectuarse una investigación que permita el esclarecimiento de esta situación. Recordemos que al calor de las divergencias políticas se pasa por encima del bien común como es el preservar el aire y procesar la basura. Contrariamente, sin pensar en la comunidad, como ocurre en el caso de la basura se dan torpes encontronazos entre el gobierno central, el departamental y las municipalidades. La ciudad de La Paz en este momento sufre las consecuencias de esta actitud irresponsable y criminal, y es víctima de una conspiración contra la salud de la población, el medioambiente y los derechos ciudadanos.
El problema de la basura es común a todas las grandes urbes y solamente es posible encontrar soluciones pensando en el bien común y no en los intereses políticos de sacar ventajas o perjudicar al adversario circunstancial y menos en anteponer un negocio. Hoy el problema es de la ciudad de La Paz, a la que se bloquea y acorrala impidiendo que los centenares de toneladas de basura que diariamente evacua la urbe puedan ser llevados a rellenos sanitarios planificados.
Esperemos que se investigue la denuncia que pesa sobre el alcalde del municipio de Achocalla, que debe explicar su actitud, por el bloqueo para el paso de la basura. Así como debe iniciarse una investigación de la versión del alcalde Luis Revilla, quien expresó sus sospechas de que el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma, ocurrido el 15 de enero pasado, «fue parte de un sabotaje del alcalde de Achocalla, Dámaso Ninaja, provocado para cumplir con un contrato de instalación de una planta de residuos sólidos». Revilla reveló que ocho meses antes del siniestro, el alcalde Ninaja y representantes de la empresa IGBlue firmaron un contrato para la instalación de una planta de residuos en la comunidad Ayma, que comprometía toda la basura generada en el área metropolitana de La Paz. En ese contrato el Alcalde de Achocalla habría comprometido que la planta de tratamiento de residuos «cuenta con el propósito de atender a cinco municipios: Achocalla, Viacha, La Paz, El Alto y Mecapaca». La empresa, por su parte, se comprometió a hacer el camino al nuevo depósito, obra que se estaría construyendo.
«Tenemos la seria sospecha de que detrás de este deslizamiento no solamente pudieron haber habido errores, negligencias, fallas, sino un sabotaje a la ciudad, un sabotaje destinado a cerrar el relleno sanitario y a llevarse la basura de La Paz a otro lugar», dijo el Alcalde paceño en conferencia de prensa y añadió que posiblemente se haya usado explosivos para dañar las celdas que colapsaron y derivaron en el deslizamiento que motivó su posterior cierre, lo que obligó al municipio buscar un nuevo terreno para instalar otro relleno sanitario. El alcalde de Achocalla, negó las acusaciones y reiteró que el botadero se cerrará el 18 de junio. No obstante, reconoció que sí hubo un acta de entendimiento con la empresa argentina, pero no un «contrato administrativo».
Empero, tampoco se debe dejar de lado las investigaciones contra el alcalde de La Paz, Luis Revilla, que hasta el momento no fijó nuevo escenario para ubicar el botadero.
Por ello se hace necesaria la intervención de los mecanismos judiciales y medioambientales para establecer la verdad y aportar soluciones en lugar de anteponer los intereses personales y políticos en un tema de salubridad tan sensible y de potenciales múltiples riesgos.