Un nuevo avasallamiento de tierras y enfrentamiento se produjo en Santa Cruz, que generó, cerca de las Londras, un predio que fue motivo de enfrentamientos y hasta el secuestro de periodistas. De acuerdo a informes extraoficiales, hay varios heridos, además se teme que haya comunarios secuestrados y hasta fallecidos. Inclusive, medios de comunicación reportaron que una persona herida fue trasladada en una ambulancia, pero el transporte fue baleado. El informe preliminar señala que por lo menos cuatro heridos fueron llevados a Montero. Los comunarios acusan del ataque armado a los «interculturales» de San Julián, según dirigentes campesinos. Los comunarios se disponían a iniciar la siembra en esos terrenos, aunque los predios pertenecen a la subcentral Pailitas; son tierras fiscales. Un contingente policial se trasladó a la región para frenar la violencia.
Lo evidente es que el Gobierno poco hace para frenar la toma de tierras, pese a que en diversas oportunidades se anunció la aplicación de las normas legales. Recordemos que, en junio de este año, los agroindustriales de Santa Cruz se reunieron con el gobierno para pedir seguridad para la propiedad agraria. Se organizó un seminario con amplia participación a la que asistieron autoridades del gobierno central y regional. Los agricultores demandaron seguridad, apoyo a la producción, garantías para la propiedad de la tierra y que se den condiciones para aumentar la producción nacional. En el seminario sobre «Los desafíos para la seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra», representantes de los industriales agropecuarios y expertos en la temática agroindustrial, llamaron al gobierno a concertar una agenda agraria. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) organizó la reunión, y su presidente, Fernando Romero, demandó el cumplimiento de la ley, y apeló al compromiso del Presidente Luis Arce, de no tolerar ningún tipo de avasallamiento a las tierras.
Lamentablemente las normas legales no se respetan, pese a que existen disposiciones concretas sobre la materia. Desde 2014, rige la Ley Contra el Avasallamiento y el Tráfico de Tierras, que penaliza con condenas carcelarias de 3 a 8 años las ocupaciones de tierras, propiedades, concesiones y el tráfico de tierras. Se supone que esa norma debería poner freno a los excesos que cometen comunarios y grupos organizados con la invasión y ocupación de hecho, total o parcial, de tierras o inmuebles ajenos, individuales, colectivos, bienes de dominio público y bienes de patrimonio del Estado. Lamentablemente en nuestro país las leyes existen, pero no se cumplen. La propiedad privada está siendo avasalla al amparo de la impunidad y la ausencia del Estado en la tarea de brindar seguridad. Diversas instituciones, empresarios y propietarios de bienes presentaron querellas contra los avasalladores, pero hasta ahora, la justicia no ha dado señales de cumplimiento de su misión, la policía se desentiende y el gobierno, en muchos casos, apaña el abuso.
Dirigentes de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), y de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), así como empresarios mineros y hacendados, denunciaron en varias oportunidades decenas de avasallamientos y cuestionaron la actitud pasiva de las autoridades. El gobierno está obligado a proteger los derechos de la ciudadanía, lamentablemente poco hace en defensa de la sociedad. Es un deber del Estado proteger la propiedad privada y sancionar a quienes vulneran las leyes. Hasta ahora no se ha logrado que vaya a la cárcel algún loteador o avasallador. Las leyes nacionales protegen la propiedad privada, pero en los hechos ocurre todo lo contrario. Inclusive se han proyectado leyes que ponen en riesgo la propiedad privada, que quedaron paralizadas por la movilización ciudadana.
La Constitución Política en su Art. 56 dispone que «Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria». Además, el Art. 57 determina que «la expropiación se impondrá por causa de necesidad y utilidad pública, calificada conforme a la ley y previa indemnización justa. La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión».
Asimismo, el Art. 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que «Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad». Naturalmente que la propiedad privada conlleva también responsabilidades, por una parte, con el fisco mediante el pago de impuestos. Asimismo, el uso que se dé a la propiedad no debe ser perjudicial al interés colectivo, por ejemplo, no es legal producir coca, marihuana u otro alcaloide, sin embargo, ¿se habrá aplicado alguna vez esta norma en los miles de hectáreas de cola ilegal? La seguridad jurídica es la señal más importante para que un país merezca credibilidad y confianza. que ofrece Bolivia. Actualmente, la inseguridad jurídica es foco de atención hacia nuestro país por los organismos internacionales y especialmente por los inversionistas, que evalúan la viabilidad de un país mediante el respeto al estado de derecho, que es la principal garantía para el derecho propietario.