Se está poniendo en evidencia algo que se veía venir y que poco a poco, desgraciadamente, se hace una triste realidad en nuestro país. Se trata de la violencia que se acentúa de manera preocupante, y se muestra cada vez en forma desembozada en diferentes facetas de la vida nacional. La historia del país está sembrada de arrebatos y situaciones conflictivas que forman parte de la idiosincrasia política, siempre llena de amagos y ocasionalmente con lamentables desenfrenos. Pero últimamente la confrontación política ha derivado abiertamente en actitudes hostiles, irresponsabilidad y una manifiesta actitud que conlleva riesgos mayores para quebrantar la paz y llevar al país a una situación sin posibilidad de entendimiento.
Ya hace mucho tiempo que se ha debilitado el recurso del diálogo, la mediación y la participación de facilitadores para alcanzar a algún acuerdo. En diferentes circunstancias, cuando se tensionaron las posiciones políticas o sectoriales, la Iglesia Católica, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Asociación de Periodistas y algunas otras entidades de prestigio, permitieron apaciguar animosidades y llevar a las partes en conflicto a una mesa de diálogo con voluntad de entendimiento. Hoy esas posibilidades han desaparecido y esas instituciones han sido atacadas y despreciada su voluntad de búsqueda de armonía.
Los últimos facilitadores de diálogo y la concertación han sido organismos internacionales como la ONU, OEA, Unión Europea y la Iglesia, que lograron en los conflictos de 2019 evitar lo que parecía un camino al enfrentamiento fratricida alentado por grupos exaltados que clamaban por desatar la guerra civil. Lejos de reconocerse ese valioso concurso de estas instituciones, se inventó un golpe de estado y se calificó a esas instituciones como golpistas. Ya ninguna opinión conciliadora tiene valor, solamente la presión logra resultados, y ese es el peor camino que se puede admitir. Para acallar las protestas o desacuerdos se recurre a descalificación y a la utilización de la justicia y a la policía como mecanismos de represión.
Parece que se quiere anular toda forma distinta de pensar y que se tiene que uniformar la posición política. Se pretende imponer una forma de ver las cosas sin posibilidad de discernimiento, de manera que cualquier disidencia u otra forma de expresión que no sea la del poder coyuntural, es descalificada y hasta perseguida. No interesa que las demandas sean justas o acomodadas a situaciones coyunturales. Si no va con el único color impuesto no puede pasar. La libertad de expresión y la libertad de opinión están en un alto riesgo en este estado de intolerancia, y todo hace pensar que existe una deliberada vocación de confrontación.
Se ha extendido el uso de dinamita en las manifestaciones callejeras con el consentimiento de las autoridades, y hasta se ha defendido esa irresponsable práctica. El resultado ha sido daños materiales y la pérdida de vidas, inclusive de los que manipulan los explosivos. Ocurrió en el pasado y vuelve a pasar ahora, cuando un manifestante de los cocaleros de Los Yungas quedó gravemente herido al detonar algún artefacto explosivo. El conflicto entre cocaleros ha sido ocasionado por el gobierno que creó una asociación ilegal que comercialice la coca yungueña. La Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) legalmente constituida, defiende la producción y comercialización legal. Al no poder controlar a la dirigencia, los cocaleros que apoyan al MAS crearon una agrupación paralela apoyada por el oficialismo, que intentó varias veces tomar Adepcoca. Como último recurso, el gobierno creó una comercializadora de coca al margen de la ley, generando el conflicto entre los productores, lo que ahora deriva en enfrentamientos.
En esa línea, la policía se suma a los conflictos, y ataca con mucha voluntad a los manifestantes de la oposición y nada hace con los desmanes de los grupos de choque oficialistas. Por ejemplo, en el actual conflicto de Santa Cruz se ha visto claramente como los manifestantes que respaldaron el paro de actividades de las instituciones cruceñas son reprimidos, y en cambio se les da protección a los grupos alentados por el gobierno. Según reportes e imágenes de canales de televisión, personas que están de acuerdo con el paro y los que están en contra se enfrentaron con petardos y piedras en varias zonas. Los movilizados fueron atacados conjuntamente por la policía y grupos de choque del oficialismo. En cambio, cuando un bloqueo de carreteras surge de grupos afines al oficialismo, aunque vayan en contra de las medidas de gobierno, se deja pasar. Lejos de buscar soluciones a los conflictos o buscar el diálogo, el gobierno pretende imponer sus razones a la fuerza, y ese camino, sin duda, genera reacciones que pueden derivar en situaciones mucho más comprometedoras que un paro de actividades.