La ciudadanía tiene derecho a saber el manejo de los recursos del Estado y las potencialidades existentes. Es el caso de los hidrocarburos que está en la opacidad, pese a ser un sector clave para la economía nacional, para la seguridad energética del país y hasta de las familias bolivianas. Lamentablemente, pese a que las normas legales obligan a YPFB a efectuar certificaciones anuales sobre las reservas se incumple esta necesidad, e inclusive, teniendo los informes se los mantiene en reserva.
A ello se suman las contradictorias versiones sobre las reservas de gas natural. El gobierno sostiene que hay reservas suficientes y la oposición habla de una preocupante merma. Es necesario tomar en cuenta el giro que dio nuestro país para cambiar la matriz energética, impulsando el uso de gas en lugar de los tradicionales carburantes que se empleaban en el pasado, como los subvencionados gasolina y diesel. Esta situación obliga a responder sobre los requerimientos de certeza para la cada vez más amplia red de gas domiciliario, el creciente parque automotor que utiliza GNV así como la industria que ha inclinado su fuerza motriz hacia el gas natural. A ello se suman los antiguos compromisos para la exportación a Brasil y Argentina y los nuevos acuerdos con otros países para vender GLP.
De acuerdo a informes oficiales, YPFB instaló más de 700 mil conexiones domiciliarias de gas. La cantidad de vehículos en el país que cuenta con el sistema Gas Natural Vehicular (GNV) pasa de los 350 mil, de los que el 83,17% está concentrado en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, en ese orden, según datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
En el eje central del país están en circulación 292.328 coches que tienen el registro del cilindro de gas que emite la ANH. Este combustible es una alternativa a los otros tradicionales y está en el mercado desde 1998. El GNV se implementó, cuando las reservas estaban garantizadas, como una alternativa al uso de la gasolina y el diesel, que tienen una subvención de parte del Estado. Desgraciadamente, en este momento las dudas e interrogantes son muchas, debido al agotamiento de los campos tradicionales y al descuido de la última década en la exploración de hidrocarburos.
Como consecuencia de esta incertidumbre, la última reunión del Consejo Nacional de Hidrocarburos, conformado por representantes de gobernaciones, asambleístas, parlamentarios y cívicos de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba, determinó exigir a YPFB hacer público el estudio certificado de las reservas de hidrocarburos, y exponer datos porcentuales de cada departamento. En el encuentro efectuado en instalaciones del Comité Cívico Pro Santa Cruz, se analizó la situación reconociendo que el presente y futuro del país dependen de cuánto gas existe en nuestro territorio.
Se recordó que YPFB anunció ante los medios de comunicación que la tercera semana de agosto se entregarían los resultados del estudio efectuado por la empresa contratada para verificar las reservas. El último informe conocido data de 2013 y fue efectuado por la consultora canadiense GLJ Petroleum Consultants, estableciendo que las reservas probadas de gas natural eran de 10,45 TCF y las reservas probadas de petróleo-condensado de 211,45 millones de barriles. El informe también certifica que Bolivia cuenta con 211 millones de barriles (MMbbl) de reservas probadas de petróleo-condensado, 72,35 MMbbl de reservas probables y 80,37 MMbbl de reservas posibles.
El Gobierno ha contratado al consorcio extranjero Sproule International Ltd., para una nueva certificación de las reservas de gas y petróleo al 31 de diciembre de 2017, pero hasta ahora no se conocen los resultados, pese a que la firma encargada de los estudios ya entrego su informe. El país necesita conocer la realidad sobre las reservas probadas de hidrocarburos para asumir acciones inmediatas, adoptar previsiones y diseñar el futuro.