La lucha del pueblo boliviano por la defensa de los recursos naturales ha sido muy larga y muchas veces infructuosa, porque algunas veces se han torcido los objetivos con criterios ideológicos o económicos, antes que velando por el interés nacional. La ciudadanía realizó movilizaciones y sufrió represión por exigir que la explotación de hidrocarburos beneficie a los bolivianos, y no al extranjero. Hubo un momento en que menos del 20% del valor de la exportación de gas y petróleo quedaba para el país, mientras que más del 80% era para las transnacionales que explotaban los hidrocarburos. La presión popular logró que mediante una ley se imponga el pago de impuestos hasta el 51% a las petroleras, hecho que permitió la recuperación de la economía nacional.
Lamentablemente, con eufemismos, apariencia de nacionalizaciones y abuso de poder se vulneraron esos principios que priorizaban que el producto de los recursos naturales beneficie al país y a los ciudadanos, y lamentablemente, gran parte del producto de esos recursos naturales ha sido y es mal utilizado en nombre del pueblo, destinado a proyectos improductivos, «elefantes blancos», sobreprecios, obras mal ejecutadas y otros despilfarros. ¿Qué se ha hecho por el país con los miles de millones de dólares generados por los hidrocarburos en los últimos tres lustros en los que los precios del gas y el petróleo fueron los más altos de la historia? Hoy las arcas del país están vacías, los miles de millones de dólares acumulados en las Reservas Internacionales Netas (RIN) que en determinado momento llegaron a pasar de 15 mil millones de dólares, hoy no llegan a los cinco mil millones. Alguien tiene que responder por ese despilfarro.
Inclusive, ahora parece que también se va a vulnerar la disposición de la Constitución Política del Estado que manda que deba ser una prioridad el abastecimiento interno con la producción de gas natural. Se hizo una gran campaña nacional para trasformar la base energética del país, promoviendo el gas domiciliario, el gas para vehículos motorizados, y para que la industria utilice gas natural para que logre ser más competitiva. Se ha mantenido una política de subvención a los carburantes precisamente para evitar que se produzca una escalada de precios si se aumenta el precio de la energía. Pero ahora el gobierno sorprendió con la aprobación de un decreto que cambia esta visión de que primero está el abastecimiento interno de gas natural, y decidió que las industrias que operan en el país dejarán de recibir gas para generar su propia electricidad. El Gobierno les dio un año para que se pasen al Sistema Interconectado Nacional de electricidad. El objetivo es destinar ese gas para la exportación, debido a que por la ineficiencia y deficientes políticas, el país ha dejado de producir suficiente gas y petróleo lo que obliga a comprar gasolina, diésel y otros derivados a precios internacionales. Esto a su vez incrementa el valor de las subvenciones, que ya superaron las previsiones presupuestarias.
Ahora se priva a un sector del uso del gas natural, y mañana podría ser al sector industrial productivo, al autotransporte o el gas domiciliario. Los industriales consideran que la determinación del gobierno atenta contra la producción nacional y afectará al bolsillo de la población. El Decreto 4749 aprobado por el gobierno permite -por el momento- el uso de gas para que las empresas transformen las materias primas en productos elaborados, pero ya no para generar su propia electricidad. La norma establece que «los volúmenes de gas natural que dejen de consumir los usuarios de la categoría industrial, en el marco del presente Decreto Supremo, serán destinados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para el mercado que genere mejores ingresos al Estado». Esto significa que el gas ahorrado será entregarlo a Argentina y Brasil, a precios más altos. Los industriales afectados tendrán que pagar un costo mayor por electricidad, lo que afectará su competitividad. Sus productos serán más caros, con un claro beneficio para el contrabando y la muerte de más emprendimientos nacionales.
El subsidio actual a la industria permite vender entre $us 1,86 a 2,51 por millar de pies cúbicos. En cambio, vendiendo al exterior se logra $us 4,94 y 10,5 por el mismo volumen. La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), considera que el Decreto 4749 «transgrede» la Constitución Política del Estado y la Ley de Hidrocarburos, que garantizan el abastecimiento de hidrocarburos en el mercado interno. «Los bolivianos tienen prioridad en el uso y consumo del gas respecto a los extranjeros (…). Nos parece un despropósito quitarle el gas natural a la industria boliviana para dárselo a los argentinos y brasileños», afirmó el gerente de Desarrollo de la institución de Cainco, Luis Fernando Strauss.