La Constitución Política del Estado, en su Art. 15, determina que «toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes…» Agrega que «todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual y psicológica, tanto en la familia como en la sociedad». También afirma que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir y eliminar la violencia de genero…» A estas previsiones se suma la Ley 348 que busca garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, norma que ha cobrado relevancia por planteamientos que proponen cambios argumentando que en su aplicación se están cometiendo injusticias. Esta iniciativa ha ocasionado oposición en los grupos feministas, y también reacciones de apoyo en la Asamblea Legislativa, donde surgió un proyecto, y también en la Defensoría del Pueblo.
Precisamente esta institución mediante un comunicado «exhorta a los legisladores priorizar el proceso de ajustes de fondo a la Ley 348, mediante un proceso de debate respetuoso y constructivo que permita su actualización y desmonte estructuras patriarcales aún existentes». Recuerda que, según datos del Ministerio Público, cada día, aproximadamente, 107 mujeres son víctimas de violencia familiar o doméstica; cada dos días hay víctimas de feminicidio en grado de tentativa, y cada seis días se registra un feminicidio. Sugirió que las modificaciones, deben «efectivizar su aplicación y vigencia, y no solo brindar justicia a las víctimas de la violencia machista, sino, posibilitar una convivencia armónica dentro la cultura de paz que nos define como Estado».
El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, ratificó sus iniciales declaraciones, que fueron criticadas por calificar a la norma como una ley «antihombres». Argumento que aun con la Ley 348 hay miles de denuncias que no se han resuelto, otras tantas son falsas, además de que hay hombres inocentes en la cárcel, mientras que violadores y feminicidas están en las calles a causa de «malos jueces y fiscales».
Andrónico Rodríguez reconoció que la ley cuestionada representa «un gran avance», pero al ser mal aplicada sugirió que sea revisada de manera integral. Señaló, por ejemplo, que con esta ley se presume la culpabilidad de los denunciados, cuando el principio constitucional que debe respetarse es la presunción de inocencia. Dijo que, con este sistema, un hombre acusado de golpeador puede estar uno o dos años en la cárcel hasta que demuestre su inocencia. Cuestionó que, por culpa de la administración judicial, hombres inocentes pueden estar encarcelados, mientras que los feminicidas salen libres.
«Se ha aplicado la presunción de culpabilidad. La ley está mal aplicada, la ley está fallando, los operadores de Justicia están fallando», afirmó. Recalcó que un hombre no es violento solo por ser hombre; además de que un feminicida o violador no se puede llamar hombre. El presidente del Senado abogó por los principios de la familia como núcleo del Estado y señaló que con la Ley 348 se están destruyendo familias. Advirtió que operadores de la Justicia están convirtiendo a dicha norma en una especie de instrumento de extorsión y chantaje, en una dinámica donde el que tiene plata sale de la cárcel con facilidad.
Es necesario tomar en cuenta varios factores para adoptar una determinación sobre cambiar la ley 348. Según datos del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, el año pasado hubo casi 52.000 denuncias. Los casos de violencia familiar o doméstica, que son la mayoría, se incrementaron en 193% entre 2013 y 2023. Cada día, en promedio, hay 142 denuncias de violencia contra mujeres, 30 agresiones sexuales, 104 embarazos de niñas y adolescentes. En 2023 se registraron 81 feminicidios. Desde la promulgación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia en 2013, en Bolivia se han registrado, hasta lo que va de este año 2024, alrededor de 1.100 feminicidios El año 2018 fue el con mayor número de muerte de mujeres, con 130. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sostiene que la tasa de feminicidios por cada 100 mil mujeres en Bolivia es de 1,5.
Lo cierto es que desde que se lanzó la idea de hacer cambios en la ley se han ido sumando iniciativas, que deben ser analizadas con detenimiento, y tomando como base esencial la necesidad de proteger a las mujeres. Sobre ese principio se debe buscar mejorar las previsiones y evitar que se entre en contradicciones con el principio de que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. De todas maneras, hay principios que no pueden ser ignorados sobre la necesidad de proteger a la mujer, sancionar todo abuso, mantener las conquistas que se han logrado hasta el momento y perfeccionarlas.