El país vive una coyuntura muy intrincada en la que varios factores se entrelazan para hacer la vida más difícil, se profundizan los problemas e imponderables y hacen que las soluciones sean más complicadas. Algunos de los problemas centran la atención de las autoridades así como de la población en general -como la pandemia del coronavirus- pero al mismo tiempo la crisis económica se ahonda, y la politiquería aprovecha la coyuntura para llevar agua a su molino. Además hay otros problemas administrativos y domésticos que también ocupan la atención y preocupación general, y este ambiente es aprovechado por gente inescrupulosa para especular con precios de los productos de primera necesidad y de los medicamentos, y hasta generar un ambiente propicio para la corrupción.
La marrullería no acaba ahí, hay sectores y personas que ven la oportunidad para sus fines ilícitos. El sistema judicial, tan venido a menos, es proclive a caer en estas situaciones. «A río revuelto, ganancia de pescadores», dice un conocido refrán para significar que cuando hay desorden, turbulencias, o situaciones confusas, alguna gente saca beneficio aprovechando las circunstancias de crisis y cambios. No es la primera vez que muchos funcionarios inescrupulosos sacan provecho de situaciones especiales, utilizándolas como distracción. En el sistema judicial, muchas veces se ha utilizado los momentos de confusión para actuar en la sombra y torcer las normas. En los últimos días se ha producido un hecho que está siendo investigado. El Ministerio Público busca determinar las circunstancias en que jueces del Tribunal 12 de Sentencia concedieron libertad al ex coronel Gonzalo Medina, procesado por presunto tráfico de sustancias controladas y en relación a las actividades del extraditado Pedro Montenegro.
El Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó que dentro del proceso se ha identificado la participación de abogados de un consorcio que patrocina al exjefe policial, entre los que se incluye a ex autoridades de la actual y de la anterior administración. «Nos parece extraña la posición que tiene este tribunal, y lo que sucede en este caso nos preocupa, dijo Murillo en conferencia de prensa en Santa Cruz, acotando que se ha hecho la denuncia “porque no puede ser que haya poderosos que se rían de la justicia». La investigación está dirigida a posibles nexos entre los jueces que atendieron el caso y el consorcio de abogados que defiende al ex Cnel. Medina, y establecer si hay irregularidades en el proceso. Murillo mostró extrañeza porque «hay algunos jueces y fiscales que no están actuando en justicia… esta es una prueba de que con el mismo pretexto que le dan libertad al ex coronel Medina, el mismo tribunal le quita… que nos expliquen eso, además habilitando (audiencias en) horas extrañas», apuntó el ministro.
El ex Cnel. Medina es investigado por presuntos vínculos en un caso de narcotráfico y por tener nexos con Pedro Montenegro, quien fue extraditado a Brasil. Montenegro está relacionado, según la justicia brasileña, a una red que en 2013 fue desbaratada en San Pablo, Brasil, en la operación «Monte pollino», que se ejecutó tras descubrirse en Europa un cargamento de 1,3 toneladas de cocaína que fue valuada en más de 60 millones de dólares, según documentos judicializados, que difundieron medios de comunicación del exterior. El «caso Montenegro» estalló el año pasado luego de que dos exjefes policiales, el ex comandante de la Felcc, Gonzalo Medina y el ex capitán Fernando Moreira, se vieran implicados con un grupo de narcotraficantes con los que compartían vida social y viajes de placer. Aparecen en fotografías junto a Pedro Montenegro en Cartagena, Colombia.
El ex coronel Medina, de la Felcc de Santa Cruz, fue implicado en la presunta entrega de 40 kilos de cocaína vía Panamá, junto a Moreira. Por este caso y otras acusaciones ambos guardaban detención preventiva mientras se desarrolle el proceso. Sorpresivamente, la pasada semana el exjefe policial fue beneficiado con la detención domiciliaria y apresado nuevamente y enviado a Chonchocoro. Son tantas las irregularidades que se acumulan desde hace 14 años en el sistema judicial, que pese a que seguramente hay jueces y fiscales probos, en general la administración de justicia boliviana continúa bajo sospecha y opera en un marco de evidente desconfianza.