De acuerdo a diversos análisis realizados por académicos en muchos países, se pronostica que habrá agudización de la recesión económica en términos globales. Sin embargo, un estudio de Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), considera que a pesar del impacto negativo sobre la economía, las políticas de contención que reducen la interacción económica entre las personas, implican una mejora en el bienestar general al impedir un mayor número de enfermos y fallecidos por causa del coronavirus, por lo que parecen ser la mejor opción de entre una serie de alternativas.
Las acciones de distanciamiento social, como la cuarentena, tienen la virtud de atenuar la saturación del sistema de salud que, incluso en los mejores casos, no está preparado para atender el extraordinario incremento de pacientes. Por eso, señala el análisis, se ha promovido como el objetivo prioritario de esas medidas la atenuación de la pendiente de la curva de la epidemia a lo más cerca posible de la línea que representa la capacidad de atención del sistema sanitario.
En el caso de Bolivia, según CEDLA, es evidente que la capacidad del sistema sanitario es insuficiente, no sólo para enfrentar esta inusual situación, sino inclusive en condiciones «normales». Los efectos negativos de esta forma de encarar la pandemia del coronavirus recaerá sobre la economía nacional, debido a dos circunstancias: la presencia de una elevada «informalidad» en la estructura económica nacional y la ralentización sostenida del crecimiento económico en el último quinquenio, como producto de la caída del valor de las exportaciones, que ha desembocado en la presencia simultánea de déficit comercial y déficit fiscal.
Por ese motivo, la contradicción entre los resultados sobre la salud pública y sobre la economía provocados por la aplicación de las medidas sanitarias, en el caso de Bolivia se amplifican y complejizan. Sobre las medidas asumidas por el gobierno de transición, el estudio considera que las determinaciones de contención social con alcance nacional han sido asumidas con relativo retraso, pero parecen adecuadas respecto a la gravedad del problema sanitario. Contrariamente, las medidas dirigidas a paliar la situación de los sectores sociales más pobres, que desarrollan mayoritariamente trabajos precarios por cuenta propia, que reportan bajísimos e inestables ingresos laborales, no han merecido un análisis exhaustivo adecuado. Por ejemplo, el «bono familiar» no permite solventar una canasta básica alimentaria para una familia tipo, y el retraso en el pago contrasta con la intención gubernamental de que se cumpla la cuarentena y no haya aglomeraciones en las calles, por lo que se han producido incidentes con personas que, arriesgando su salud y la de los consumidores, no tienen otra fuente de ingresos para alimentar a sus familias.
Del mismo modo, el tratamiento del pago de deudas bancarias de la población, que sólo involucra el diferimiento del pago de la cuota de capital, obvia el hecho de que el tiempo que dure la emergencia sanitaria será un período de escasa generación, sino de ausencia total de ingresos para más del 70% de la población urbana y para otra parte importante de los productores campesinos. A ello habría que añadir algunas otras acotaciones, como advertir que los intereses siguen corriendo, de manera que el diferimiento acrecentará la deuda.
Tanto CEDLA como otros investigadores y analistas económicos y sociales, coinciden en que es necesario adoptar medidas urgentes desde este momento, dada la gravedad de los efectos de la crisis. Entre las medidas se sugiere que el gobierno disponga el incremento del gasto público, negociar el diferimiento del pago del servicio de deuda pública externa; compra y reserva de minerales por parte del Estado, para salvar a ese sector, y lograr la subsistencia de las empresas estatales, las cooperativas y las pequeñas empresas productoras. En el caso de la producción aurífera, se sugiere el estímulo para la obtención de ingresos fiscales, dado el creciente papel de refugio de este metal en la actual crisis.
El probable incremento del desempleo, renueva, asimismo, la necesidad de establecer alguna forma de incentivo, descuento de impuestos o préstamo para los empresarios, sobre todo de la pequeña y mediana empresa lo que significaría un especie de seguro de cesantía para los asalariados que, en el corto plazo, podría financiarse con los recursos acumulados en el Fondo de Colectivo de Riesgos del sistema de seguridad social.
El gobierno debe adoptar, a más de la protección de la salud pública, una serie de incentivos a la producción, a la iniciativa privada y a las inversiones, garantizando la restitución de la seguridad jurídica, de manera que se sienten las bases para recuperar los empleos perdidos, mover las finanzas públicas y privadas, de manera que una vez pasada la crisis se logre reactivar la economía al menor tiempo posible, que varios analistas en economía consideran podría darse después de pasados dos años.