Lo analizamos, dijimos y solicitamos en su oportunidad y lo reiteramos, sobre la urgente necesidad de dar oportunidad a los estudiantes, a padres de familia, el acceso gratuito de internet para educación.
La Séptima Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de Ecuador, centró su análisis en el rol de las tecnologías digitales frente a la pandemia del COVID-19, y definió las prioridades de política en materia digital para los próximos dos años, con la aprobación de la Agenda Digital que regirá hasta 2022. La reunión virtual se inició el pasado lunes y analizó el acceso a las tecnologías digitales que se ha convertido en una necesidad crucial para llevar adelante actividades económicas y sociales.
Sin embargo, la pandemia, que obligó a un inusitado uso del campo digital, puso de manifiesto las brechas existentes -en materia socioeconómica, demográfica y etaria- que todavía persisten en los países de la región. En la conferencia se abordaron los principales retos de acceso y conectividad y las posibles medidas de políticas que los países pueden adoptar para reducir estas asimetrías. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, reveló que, en la región, un 33 % de los hogares urbanos no está conectado a Internet, y en el área rural llega a un 77 %. Asimismo, dijo que un 42 % de los menores de 25 años y un 54 % de los mayores de 66 años no tienen conexión.
Una de las primeras decisiones de la reunión fue el compromiso de los representantes de impulsar en sus respectivos países la inclusión y transformación digital para salir de la crisis y lograr un desarrollo con igualdad y sostenibilidad ambiental. Durante los cuatro días de la conferencia se analizó el rol de las tecnologías digitales frente a la pandemia y la reactivación económica, la inclusión digital como instrumento fundamental para reducir la desigualdad, y la importancia de la transformación digital en el ámbito productivo. Asimismo, se realizaron sesiones especiales sobre la innovación de datos y la medición de la economía digital, la protección de datos y la ciberseguridad, el auge del comercio electrónico durante la pandemia, las oportunidades para las mujeres en la era digital, y la digitalización de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). El evento contó con la participación de expertos como Mischa Dohler, Profesor en comunicaciones inalámbricas del King’s College London, y Roberto Viola, Director General de DG-Connect de la Comisión Europea, además de altos funcionarios de los gobiernos, representantes del sector privado, de la comunidad técnica y especialistas en materia digital.
Para Bolivia es de vital importancia asumir el reto de convertir a las telecomunicaciones en un derecho ciudadano, de manera que todas las familias bolivianas tengan acceso a las tecnologías de la comunicación. En nuestro país gran parte de la población utiliza un celular y está conectado a la red. Desgraciadamente, el Internet es uno de los menos actualizados, y su lentitud y alcance impide una plena utilización. La brecha digital en Bolivia es muy grande, y pese al cada vez mayor uso de las redes, la navegación digital es dificultosa. La velocidad que ofrecen las telefónicas es marginal, aunque es necesario reconocer que las conexiones de internet de algunas de las empresas ofrecen un aceptable servicio, pero demasiado costoso para el ciudadano promedio. Durante la pandemia, las redes de comunicación han sido vitales, pero operaron saturadas y el servicio básico obligatorio de las telefónicas resultó inutilizable.
Lamentablemente, Bolivia es uno de los países que tiene el internet más lento y costoso en la región, aunque se están dando algunos avances. El 73% de los municipios de Bolivia ya tiene acceso a internet de banda ancha. Pero pese a que Bolivia ya cuenta con un satélite propio, las telecomunicaciones siguen rezagadas. No se ha podido lograr la aplicación de la educación a distancia que está vigente en casi todo el planeta. Para que la educación se normalice, es imprescindible la universalidad del acceso digital.
Reiniciar labores escolares por grupos es una invitación al desastre sanitario. La nueva era post COVID-19 obliga a generalizar la educación a distancia. Un informe internacional menciona a Bolivia como el país que tiene el servicio de Internet más caro y lento de la región, llegando a alcanzar una rapidez por segundo de 1.2 megabit y un precio de U$S 59.5 de mega por segundo, mientras que Uruguay tiene el promedio más alto con 10.06 por segundo, según los datos del servicio NetIndex.com de la compañía Ookla. Los países que tiene una baja velocidad son Colombia con 4.1, Ecuador con 4.06, Paraguay con 3.44, Perú con 2,95, Venezuela con 1,89 y en el último puesto está Bolivia con una rapidez que alcanza los 1.2 megabit por segundo. Todas las operadoras establecidas en Bolivia buscan mejorar el servicio, pero el rezago es muy grande.