El Consejo Nacional de Autonomías, que reúne a los distintos niveles de Gobierno, resolvió este martes por «consenso» que el censo de población y vivienda que debía celebrarse el próximo 16 de noviembre se aplace hasta mayo o junio de 2024.
El presidente Luis Arce confirmó en sus redes sociales que «el Consejo Nacional de Autonomías decidió reprogramar el Censo de Población y Vivienda para el 2024» a fin de que esa actividad se efectúe con responsabilidad y «sea una verdadera herramienta de planificación nacional, departamental y municipal».
La solicitud de aplazar el censo se planteó previamente en un pronunciamiento emitido tras una reunión entre representantes del nivel nacional, incluido Arce, ocho de los nueve gobernadores, las asociaciones de municipios y representantes de organizaciones campesinas e indígenas en la casa de Gobierno en La Paz.
La declaración que leyó el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, planteó la «reprogramación» del censo señala la fecha de realización de la encuesta «entre mayo y junio de 2024».
El pronunciamiento señala al censo como una «prioridad nacional», aunque también reconoce algunas dificultades que «afectarían el proceso censal» como la pandemia, la socialización de la boleta, la necesidad de incorporar idiomas originarios, una cartografía estadística o percances climáticos que podrían presentarse si se mantiene la fecha inicialmente acordada.
El manifiesto del Consejo Nacional de Autonomía enfatiza en la necesidad de que se realice un «trabajo técnico» que esté «libre de politización» y de «intenciones político partidarias».
En una breve declaración a los medios tras el encuentro, Arce señaló que el aplazamiento de la consulta censal permitirá un proceso «responsable y con transparencia» de manera que se convierta en una auténtica «herramienta» para una «mejor planificación» del país.
Los antecedentes
El Gobierno fijó hace un año el 16 de noviembre de esta gestión como la jornada en que debía celebrarse el censo de población y vivienda y anticipó que los resultados oficiales se conocerían en 2023.
En abril pasado, se estableció que la labor censal costaría unos 68 millones de dólares que en su mayoría estaban garantizados por créditos de entidades internacionales como el Banco de Desarrollo – Fonplata, el Banco Interamericano de Desarrollo y una contraparte del Tesoro General de Bolivia.
Desde su inicio el proceso recibió críticas de algunas regiones que consideraron que la consulta sería clave para una posterior distribución de los ingresos o asignación de representación política en el Parlamento de acuerdo a la población.
En tanto que la oposición cuestionó que la boleta censal no incorpore la categoría mestizo como forma de pertenencia étnica, mientras que algunas iglesias y organizaciones religiosas reclamaban que se pregunte sobre la profesión de fe de la población.
Renuncias y críticas
El pasado 9 de junio renunció el director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Humberto Arandia, argumentando problemas de salud y aunque Arce rechazó su dimisión, nombró a una autoridad interina mientras el titular se recupera.
También en junio renunció la entonces ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, de cuya cartera depende la organización del censo, y en su reemplazo asumió el cargo Sergio Cusicanqui.
El cambio de ministro fue visto como una mala señal por algunos sectores que criticaron las tareas efectuadas y sugirieron que se aplace la encuesta a fin de que se desarrolle el mejor trabajo posible.
El aplazamiento de la consulta para 2024 regresa sobre la idea inicial que se planteó en abril de 2021, pero que en aquel momento provocó una serie de protestas de varias regiones que consideraron que debía efectuarse lo antes posible.
El censo más reciente que tuvo Bolivia fue el de 2012.