La Fiscalía informó este miércoles que acusó formalmente a ocho implicados, entre ellos un excónsul de Bolivia en España, por la compra con supuesto sobreprecio de ventiladores pulmonares en ese país, en medio de la crisis sanitaria por la covid-19 en 2020.
Una comisión de la Fiscalía especializada en delitos de corrupción presentó la acusación formal en contra de ocho personas por el presunto proceso irregular en la compra de 170 «ventiladores pulmonares» de la marca y modelo Respira Device de origen español, según un comunicado.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que la acusación formal es en contra del exministro de Salud, Marcelo Navajas, el excónsul de Bolivia en España, David Alberto Pareja, el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela.
Asimismo a Fernando Humérez, quien fue el contacto entre la empresa española y el director jurídico del Ministerio de Salud y otros exfuncionarios de esa cartera de Estado, al igual que de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM).
Los ocho exfuncionarios del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez están acusados de los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, delitos contra la salud pública, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, entre otros.
El Ministerio Público solicitó una sentencia condenatoria de 10 años de cárcel «más agravantes y criterios de concurso real e ideal» para los ocho acusados.
Lanchipa explicó que esta acusación está «debidamente sustentada» en 22 pruebas testificales y 73 documentales que han sido colectados en la etapa preparatoria del caso.
Además, los informes técnicos indicaron que los ventiladores no contaban con los accesorios ni las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor y que no eran aptos para el uso en las unidades de terapias intensivas ni para pacientes graves con covid-19, según el boletín.
«Este proceso de compra inició el 8 de mayo de 2020, es decir, uno de los momentos más críticos para el país por la emergencia sanitaria devenida del contagio y la propagación de la pandemia», enfatizó Lanchipa.
La compra
La compra de ventiladores se realizó a la empresa española GPA Innova a través de la intermediaria IME Consulting Global y la AISEM, dependiente del Ministerio de Salud de Bolivia, por un monto mayor a 4 millones de dólares, cada ventilador valía alrededor de 28.000 dólares, según la investigación.
La Fiscalía estima que hubo un sobreprecio de alrededor de 3 millones de dólares, de acuerdo a las indagaciones.
Los ventiladores no están en funcionamiento y se encuentran guardados en dependencias de la Central de Abastecimiento y Suministro de Salud (CEASS) en la ciudad de El Alto, contigua a La Paz.
Bolivia alcanzó a pagar cerca de 2,2 millones de dólares por la adquisición de los respiradores españoles y es considerado el mayor escándalo de supuesta corrupción del Gobierno interino de Jeanine Áñez.
Sobre los responsables de la intermediaria española, Lanchipa manifestó que para dar continuidad y «celeridad en la sustanciación del juicio oral» en contra de los ocho acusados se «dará lugar al desdoblamiento del caso principal» para que se «desarrollen los procedimientos correspondientes a la cooperación internacional».