Comunidad Ciudadana (CC) denunció este viernes que el oficialismo se valió de la Justicia para prescindir del Legislativo para designar a autoridades como el Defensor del Pueblo y el contralor general del Estado, como señala la Constitución.
La protesta opositora se debe a una resolución de la Sala Constitucional Cuarta del Distrito Judicial de La Paz que «faculta» al Ejecutivo, «bajo el pretexto de la coordinación y cooperación entre órganos del Estado, a designar» a autoridades cuya elección corresponde al Parlamento «si no se logran consensos dentro de un tiempo prolongado de 70 días», denunció CC en un comunicado.
Carlos Mesa acusó en Twitter al Movimiento al Socialismo (MAS), «en complicidad con jueces serviles que emitieron la Resolución 178/2022», de haber «consumado un golpe de Estado en contra del Órgano Legislativo, dándole a (al presidente) Luis Arce poderes para nombrar a masistas en cargos que le corresponde elegir a la Asamblea Legislativa por 2/3».
El citado pronunciamiento judicial responde a una acción de cumplimiento presentada por Édgar Salazar, quien dirige una Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia paralela a la oficial y a quien la oposición identifica como afín al oficialismo, para exigir que se ordene al Parlamento designar a un nuevo Defensor del Pueblo.
La falta de acuerdos entre oficialistas y opositores ha dejado en suspenso desde mayo pasado la elección del nuevo Defensor del Pueblo entre siete postulantes que llegaron hasta la etapa final, una situación que podría repetirse en el proceso para designar al nuevo contralor, también en curso.
CC y Creemos acusan al oficialismo de intentar colocar en estos puestos de designación parlamentaria a funcionarios afines para controlar las instituciones públicas, mientras que el MAS considera que sus detractores buscan impedir la designación de nuevas autoridades.
«Golpe» al Parlamento
El partido de Mesa denunció en su comunicado que el alcance de la resolución judicial «no se limita al Defensor del Pueblo», pues «con los mismos fundamentos se aplicará también» a otras designaciones que corresponden al Legislativo, como la del contralor, altos jueces, fiscales y vocales electorales, entre otras.
CC criticó, además, que el documento «legaliza la prolongación inconstitucional» del mandato interino de Nadia Cruz en la Defensoría del Pueblo, que para CC es «ilegal».
La resolución «quiebra el sistema constitucional», anula al Parlamento y convierte «en un emperador al actual presidente que decidirá por sí y ante sí, desconociendo las atribuciones» del Legislativo, alertó CC.
«Se da inicio así a una desembozada dictadura Gubernativa-Judicial a la cabeza de Luis Arce Catacora, con un golpe al Legislativo y un claro quebrantamiento al Estado de derecho, a la democracia y a la independencia y separación de poderes, con el objetivo de tener el poder total en el Estado y la sociedad, sojuzgar a la disidencia política y ciudadana y dejar de lado los derechos y garantías constitucionales», agrega la nota.
El partido de Arce tiene la mayoría en el Parlamento, pero no los dos tercios.
Aunque en las dos anteriores legislaturas sí tenía la mayoría y los dos tercios, el MAS mantuvo en su mayoría interinos en cargos que debía designar el Parlamento durante la gestión de Evo Morales, con excepción de los vocales electorales, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.