Es probable que la descomposición en la que cayó el sistema judicial muestre nuevamente sus recovecos en los juicios de responsabilidades que se intenta iniciar contra magistrados del Órgano Judicial, contra el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y contra varios otros altos funcionarios tanto del anterior gobierno, así como del Tribunal Constitucional, y Consejo de la Magistratura. La Cámara de Diputados, mediante la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa, admitió la demanda en contra del Fiscal General del Estado, además de que otras demandas ingresaron antes contra consejeros y magistrados.
Es necesario aclarar que la admisión de las demandas no significa que se inicie una causa, ya que antes deben cumplirse una serie de procedimientos, filtrados mediante los reglamentos internos de la Asamblea Legislativa, en los casos actuales, el Comité que avalúa la demanda verá que se cumplan los requisitos. Posteriormente, la Comisión debería dar curso a los informes, para recién pasar a la Cámara de Diputados y/o apruebe o rechace la demanda. En caso de ser aprobada, todavía la Asamblea Legislativa definiría si el juicio va adelante. Con la mayoría masista en la actual composición de la Cámara Baja, las probabilidades de aprobación son bajas, y todavía menores las posibilidades de hacer justicia, en caso de admitirse un juicio de responsabilidades a Evo Morales y Álvaro García Linera.
Las cargas judiciales en contra de los altos funcionarios del régimen pasado se acumulan, pero hasta el momento no se ha concretado ninguna causa. Entre las demandas específicas, el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, informó que mediante una carta se solicitó al Consejo de la Magistratura realizar una auditoría jurídica al proceso del caso Terrorismo y la intervención al hotel Las Américas para determinar responsabilidades penales.
Mientras tanto, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, sobre el que en este momento se apunta la aplicación de la ley, reveló que en el Ministerio Público existen varios procesos abiertos contra Evo Morales, según se informó. Aseguró que se hace seguimiento de tres casos y que, además, hay otras causas contra exfuncionarios, pero que en las mismas también se incluye a Morales. Entre los casos que se tienen registrados está el que presentó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, el pasado 22 de noviembre de 2019. La autoridad denunció a Morales por los presuntos delitos de sedición y terrorismo.
Pero el fiscal Lanchipa, continúa trabajando de acuerdo a su visión y posesionó a dos nuevos fiscales en reemplazo de los que determinaron la detención del exministro de Minería, César Navarro y del exviceministro de Desarrollo Rural, Pedro Damián Dorado, pese a que tenían salvoconductos para salir del país rumbo a México. El cambio se produjo cinco días después de que el ministro Murillo pidiera la destitución de los fiscales que autorizaron la detención. Los casos contra los jueces del Consejo de la Magistratura, son por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. «Han designado como juez a una persona con sentencia condenatoria, a abogados con procesos disciplinarios ejecutoriados, postulantes con los puntajes más bajos, nombramiento de familiares como funcionarios de confianza en el sistema judicial», explicó el diputado Víctor Borda (MAS).
En el caso de las autoridades judiciales del Consejo de la Magistratura, éstas serán procesadas debido a los audios que revelan la repartija de cargos en el Órgano Judicial, que comprometen a autoridades departamentales nombradas como cuotas de poder de las diferentes autoridades, incluidas las del Tribunal Supremo de Justicia.
Lamentablemente, hay una contaminación política en el sistema judicial que impide la transparencia, y tuerce la aplicación de las leyes, hecho que vuelve a poner en el escenario de prioridades, la necesidad de una reforma profunda.