La agenda política de la presente gestión tiene varias tareas pendientes que resolver, que van desde la definición de por lo menos 30 procesos revocatorios del mandato a autoridades electas; la definición de las elecciones judiciales, la situación de los actuales magistrados del Órgano Judicial que se prorrogaron en sus cargos; la conminación a los partidos políticos a renovar sus directorios cumpliendo normas de la ley de partidos y determinaciones del Órgano Electoral, como requisito para las «primarias», que son una obligación interna para poder participar de las elecciones generales de 2025, además de varios conflictos internos en diferentes fuerzas. Probablemente las elecciones judiciales sea el problema más conflictivo que enfrenta a poderes públicos, a los partidos y que mueve a organizaciones sociales y activistas.
La relación del Órgano Legislativo con el Judicial ha quedado seriamente afectada por la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de prorrogar el mandato de las autoridades judiciales, y frenar el proceso electoral declarando inconstitucional la convocatoria a las elecciones judiciales. El ejecutivo aparece como atizador del conflicto, mientras el Tribunal Supremo Electoral cree que ha cumplido con sus responsabilidades, y se presenta como factor de equilibrio, instando al Legislativo a reencaminar las elecciones judiciales.
Para el TSE, desde el punto de vista técnico, se contaba con todas las herramientas necesarias para la ejecución de los comicios judiciales el año pasado. Durante la inauguración del año electoral 2024, el presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, lamentó que no se haya cumplido con la etapa de preselección de candidatos en los plazos requeridos para garantizar la realización de la votación y la entrega de credenciales a las nuevas autoridades judiciales. Vargas instó a los legisladores a reencaminar este proceso y despojarse de intereses político-partidarios, ratificando que el período constitucional de funciones para las autoridades electas en 2017, feneció el 31 de diciembre de 2023. Los magistrados «ya cumplieron el período constitucional de seis años», indicó. Asimismo, sostuvo que el no haber cumplido con la realización de este proceso electoral, se constituye en un aspecto «negativo para la salud de la democracia boliviana», por lo que corresponde al Parlamento trabajar en la reconducción y consolidación de la etapa de preselección de candidatos a altas cortes de justicia, lo antes posible. «Este proceso debe ser reencaminado por la Asamblea Legislativa en base a un gran acuerdo nacional en el que actores políticos depongan actitudes partidarias y piensen en la institucionalidad del país», expresó la autoridad electoral. En respuesta a la exhortación, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, informó que trabajaron ya un proyecto de ley para garantizar que las elecciones judiciales se lleven adelante este año.
El otro tema que tiene plazos perentorios para resolverse tiene que ver con siete organizaciones políticas que deben renovar sus directorios hasta los primeros días de mayo como requisito para participar de las elecciones generales de 2025, y presentar al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Asimismo, tendrán que efectuar elecciones internas (primarias) para designar a sus candidatos. Un informe de Brújula Digital, señala que el Movimiento Al Socialismo (MAS), Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Movimiento Tercer Sistema (MTS), Acción Democrática Nacionalista (ADN), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) deben cumplir la disposición del órgano electoral.
El MAS realizó su congreso el 3 y 4 de octubre de 2023; sin embargo, el TSE determinó «rechazar el registro» de la elección del nuevo directorio, encabezado por su líder, Evo Morales, el argumento que dio el ente electoral es que se habrían vulnerado disposiciones de su convocatoria, el estatuto interno, además que el expresidente no habría cumplido con varios requisitos para ser electo presidente del partido. El Movimiento Tercer Sistema, también cometió «una serie de errores» en su congreso; mientras que UCS «eligió a su directiva en una reunión nacional» sin presencia de los supervisores del TSE, vulnerando la Ley 1096, según la vocal Dina Chuquimia.
Si estas organizaciones políticas no cumplen con esta exigencia, establecida en la Ley 1096, serán sancionadas. La primera llamada de atención es una amonestación que se le hace al partido político y se le indica que debe cumplir el mandato. «A tres llamadas de atención corre peligro la personería jurídica», advirtió la vocal. De acuerdo con información oficial del TSE, a la fecha Unidad Nacional (UN), Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Demócratas y PAN-BOL tienen dirigencias vigentes. Las organizaciones políticas que aún no adecuaron sus estatutos a la Ley 1096 son ADN, MNR, FPV, PAN-BOL y PDC.