El presidente Luis Arce promulgó la ley que reduce los tiempos para la selección de candidatos para las elecciones judiciales, luego de que una corte constitucional ordenara el inicio de un nuevo proceso.
La ley transitoria para garantizar el proceso de preselección de candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura fue promulgada el pasado 5 de junio y recién este lunes fue publicada en la Gaceta Oficial.
La ley consta de cinco artículos y tres disposiciones transitorias en las que se establecen ciertos parámetros para la elección que se realizará este año.
La ley dispone que el proceso se dividirá en dos etapas, la primera el proceso de preselección de candidatos que tendrá una duración de hasta 60 días calendario, que antes era de 80, y el segundo paso es la «organización y realización de la votación popular con una duración de hasta 100 días».
«El Tribunal Supremo Electoral podrá adecuar la convocatoria, el calendario electoral y los procesos administrativos necesarios a los alcances y plazos establecidos en la presente ley», señala la norma.
El reglamento de la preselección debe ser elaborado por una comisión de la Asamblea Legislativa para que sea aprobado a través de una resolución.
A mediados de abril, el Parlamento se vio forzado a paralizar el proceso debido a una medida cautelar determinada por la Sala Constitucional.
Días después se inició el registro de postulantes y nuevamente fue paralizado por una acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por un diputado contra el nuevo reglamento de la convocatoria.
La Constitución vigente desde 2009 introdujo la elección mediante voto popular de las máximas autoridades judiciales con candidatos seleccionados previamente por el Parlamento.
Las elecciones judiciales se han celebrado en 2011 y 2017 con la constante de que un gran porcentaje de la votación, en ambos casos, perteneció a sufragios nulos o en blanco como una forma de rechazo a un proceso que entonces se consideró manipulado por la mayoría parlamentaria del Movimiento al Socialismo (MAS).