El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú pidió al Gobierno de Bolivia que deje sin efecto la designación de su cónsul general en la región de Puno, fronteriza con ese país, por haber ejercido sus funciones sin contar con la admisión del Ejecutivo peruano, informó este lunes la canciller Ana Cecilia Gervasi.
«La realización de funciones consulares por el jefe de una oficina consular que no ha sido admitido como tal por el Estado receptor constituye una transgresión de las normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963», señaló Gervasi durante una presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.
Agregó que «por tal motivo, en la fecha se convocó al representante diplomático de Bolivia en nuestro país a afectos de que retire esa designación, dado que la misma no es aceptable para el Perú».
La canciller explicó que el pasado 29 de mayo la Embajada de Bolivia en Perú informó que su Gobierno había designado a Lidia Patty Mullisaca como cónsul general en Puno y que la funcionaria ingresó al país el 31 de mayo pasado.
«Si bien no existe disposición en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, de la que ambos estados son parte, que impida el arribo de la persona designada como jefe de la oficina consular, dicho tratado contempla que el Estado que envía debe informar de su llegada al Estado receptor», sostuvo.
Gervasi ratificó que «se tiene evidencia de que la referida persona ha ejercido funciones consulares desde el 1 de junio» y que, por ese motivo, se comunicó a la Embajada de Bolivia el pasado 6 de junio, «que dicha funcionaria no podía ejercer funciones consulares» al no haber sido admitida su designación.
Medios locales informaran en los últimos días que Mullisaca, una exdiputada del partido Movimiento al Socialismo (MAS), que lidera el expresidente Evo Morales, había sido designada cónsul en Puno, la región que fue unos de los epicentros de las protestas antigubernamentales que dejaron decenas de muertos entre diciembre y marzo pasado en Perú.
El pasado 9 de enero, el Gobierno de Perú prohibió el ingreso de Morales al país junto a otros ocho ciudadanos bolivianos, a los que acusó de haber efectuado «actividades de índole política proselitistas» que afectaron la «seguridad nacional», por haber respaldado repetidas veces las protestas antigubernamentales.
El Congreso también lo declaró persona non grata «por sus constantes incitaciones en la política nacional», mientras que la Fiscalía le abrió una investigación preliminar por la presunta comisión del delito contra la seguridad nacional, en la modalidad de atentado contra la integridad nacional.
Morales aseguró en mayo que la «derecha boliviana y peruana» buscan detenerlo y perseguirlo para «ocultar masacres» en Perú y calificó al Gobierno de Boluarte de «ilegítimo».
El expresidente mantuvo una activa presencia en Perú, sobre todo en el sur del país, durante el Gobierno de Pedro Castillo (2021-2022) con el objetivo de incentivar la integración de regiones como Puno al proyecto Runasur, la plataforma internacional de movimientos sociales e indígenas que impulsa.
También estuvo activo en redes sociales manifestando opiniones sobre la crisis en Perú y mensajes para defender a Castillo desde su destitución por el Congreso tras intentar dar un autogolpe de Estado, el pasado 7 de diciembre.