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Gobierno plantea ley que castiga el robo con siete años de cárcel para frenar inseguridad

El Gobierno informó este jueves sobre el envío al Legislativo de un proyecto de ley que propone castigar el robo en flagrancia con siete años de cárcel, sin derecho a indulto, y sentenciar a los acusados en procesos sumarios para disminuir la inseguridad ciudadana.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó el proyecto de ley ‘Lo ajeno no se toca’ en un acto en la casa de Gobierno en La Paz, al que asistieron el presidente del país, Luis Arce, entre otras autoridades nacionales, jefes policiales, funcionarios y sindicalistas afines al Ejecutivo.

Arce remarcó la necesidad de combatir el «robo menor» verificado mediante cámaras de seguridad ante el incremento de la criminalidad en las ciudades y zonas rurales y la impunidad en torno a estos delitos.

«De lo que se trata es que combatamos esa impunidad y encarcelemos a quienes no cuidan los bienes del pueblo boliviano y quieren apropiarse de lo ajeno. Por eso decimos lo ajeno no se toca», sostuvo.

El gobernante lamentó que la normativa vigente no ayude a castigar estos delitos, por lo que destacó la importancia del proyecto presentado, que permitirá «que estos delincuentes sean sancionados oportunamente y de manera ejemplar».

Para Arce también es necesario cambiar el pensamiento de que «el robo es una manera de vivir» y aseguró que se están generando empleos.

Del Castillo explicó por su parte que el proyecto introduce el tipo penal de «apoderamiento flagrante de cosa ajena», que será castigado con siete años de cárcel sin derecho a indulto y dos años adicionales en caso de reincidencia.

Según el ministro, también se considerará un «agravante» el que el perpetrador sea extranjero indocumentado.

La norma propuesta establece que policías y personas particulares podrán arrestar a quienes sean encontrados robando «en flagrancia», o identificados mediante cámaras de seguridad, señaló.

Además, la Fiscalía ya no tendrá que emitir una imputación, pues se les aplicará un «procedimiento sumarísimo penal» por el que habrá sólo una audiencia en la que se dictará sentencia, agregó.

También se prevé crear una unidad de inteligencia «anti robos» para infiltrar agentes en mercados populares y lugares públicos con alta criminalidad.

Cifras y justificación

Del Castillo justificó que, actualmente, quienes cometen estos delitos «utilizan el procedimiento normal» para que las causas queden en el olvido y «en dos o tres meses recuperen su libertad».

Mencionó que en 2023 hubo 21.330 denuncias por delitos contra la propiedad, robos, hurtos, robos agravados y abigeato, entre otros, pero sólo el 2,78 % de los casos obtuvo una sentencia penal.

El ministro precisó que 2.931 personas fueron detenidas preventivamente por estos delitos, pero 2.411 fueron liberadas y las restantes se sometieron a procedimientos abreviados que implican admisión de culpa para lograr sentencias de dos a tres años de cárcel, lo que supone que «también están en las calles en estos momentos».

Para Del Castillo, los legisladores que se opongan a la aprobación de la norma mostrarán que están «apoyando a los delincuentes».

En el evento, algunos asistentes mostraron pancartas que decían «Esta es una ‘Ley Bukele’ y es más necesaria que nunca», aludiendo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Bukele ha sido cuestionado por organismos internacionales defensores de los derechos humanos por su llamada «guerra contra las pandillas» que, según estas entidades, ocasionó una regresión en materia de derechos humanos en El Salvador por las miles de detenciones arbitrarias y denuncias de torturas ocurridas durante su Gobierno.

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