A pocas horas de la posesión de los nuevos mandatarios y de los discursos de buena voluntad para lograr «pacificar» y lograr la «unidad de los bolivianos», se produjo un atentado contra instalaciones de ADEPCOCA, cuyo principal dirigente es Franklin Gutiérrez, que durante el anterior régimen sufrió ilegal detención por el solo hecho de haberse «proclamado como candidato a la presidencia de Bolivia» a nombre de los cocaleros de los Yungas.
Bastó esa insinuación, que se hizo pública y viral a través de los medios de comunicación y las redes sociales, para que se lo persiga y proceda a su encarcelamiento. El exministro de gobierno, Carlos Romero Bonifaz, que instruyó se procese a Gutiérrez estuvo encarcelado en el mismo centro carcelario donde se detuvo por más de un año y medio al dirigente cocalero, a quien no se le otorgó «permiso judicial» para asistir al velorio y entierro de su hijo.
Las disidencias en dicho sector, deberían resolverlas en forma interna mediante diálogo entre partes y quizás la intervención de otras instituciones, para salvar inquietudes de «hacerse de la dirigencia mediante la fuerza y el atentado a la propiedad privada del vecindario de la zona de Villa Fátima». Esa clase de accionar de «violentos», que consideran estar protegidos como anteriormente ocurrió, genera desconfianza en quienes creen que hay ánimos de «conciliación y democracia».
Precisamente esa clase de actitudes de desesperados de tener alguna representación en sectores de producción cocalera, fueron piedra en el camino de la democracia que día que pasaba generó la insurgencia y luego eclosión social, para desencadenar en una revolución pacífica, liderada por una nueva generación de jóvenes, varones y mujeres, que se cansaron de ser espectadores de la violencia y abuso político, organizada y protegida, por quienes tenían el deber y obligación de salir por los fueros del respeto y acatamiento a normas legales.
Quienes se dicen ser «Orgánicos» de obediencia al mandato de los sectores sociales, en el caso del «Pacto de Unidad», deberían llamar al orden a los que atentaron contra los vecinos de dicha zona, que nada tienen que ver con la postura de quienes acaparan coca.
Si el recientemente posesionado gobierno es respetuoso del derecho de terceros, debe solicitar al ministerio público proceda a efectuar de oficio las investigaciones del caso y convocar para sus indagatorias a la proclamada dirigente y sus seguidores, no hay dónde perderse, quienes atacaron las instalaciones de ADEPCOCA -como señalan cocaleros de los Yungas- fueron los que ahora se dicen masistas por lo que desean imponer a una señora que hace unos doce meses fue denunciada de haber allanado las instalaciones de un predio que servía como hospital cerca a las oficinas de esa organización.
Es deber del Estado resarcir daños y perjuicios ocasionados a los vecinos afectados por la ira desestabilizadora de militantes del partido de gobierno a nombre de ser «Orgánicos», dando a entender que ya hubo algo planificado para lograr, mediante un fin maquiavélico, hacerse de la presidencia o secretariado de ADEPCOCA, atentando contra inocentes niños, jóvenes, personas, que salían de sus inmuebles para sus cotidianas labores y que se llevaron el susto más grande de su vida ante el ataque de los «violentos» con explosivos, que generó trauma psicológico en menores de edad.
Lo paradójico es que vecinos afectados con la rotura de los vidrios de sus casas, amargados decían «y para esto hemos votado el 18 de octubre, es una desgracia».
Varios nuevos parlamentarios del MAS afirmaron «si al gobierno le va bien en lograr la reconciliación y unidad entre los bolivianos, le ira bien a la población». Tomándoles las palabras a quienes piensan de esa forma, si se comienza con la toma de organizaciones sociales como la que precede entonces la población tiene derecho a pensar diferente.
Para que no se prosiga atentando contra el sistema democrático, es deber del gobierno llamar a la sensatez y cordura a quienes están haciendo daño al proceso.